(Expansión, 02-05-2025) | Laboral
Las principales demandas de UGT y CCOO se centran actualmente en la reducción de la jornada laboral, los incrementos salariales y una reforma del sistema de despido. Los sindicatos piden a los partidos políticos que apoyen la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y califican de engaño legal y atentado democrático cualquier intento de bloquear esta propuesta. Desde el Gobierno, se señala la responsabilidad de los 137 diputados del Partido Popular y se considera que aún es posible negociar con Junts para conseguir los apoyos necesarios.
Este Primero de Mayo se celebró con una asistencia menor en la concentración principal en Madrid y con una notable ausencia temática: la reducción de la jornada laboral, una iniciativa clave del Ministerio de Trabajo que está próxima a llegar al Congreso como proyecto de ley. Esta medida fue, sin embargo, el eje central de las intervenciones sindicales y de miembros del Gobierno presentes en el acto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo, urgieron a las formaciones políticas a respaldar esta iniciativa.
Díaz insistió en que el proceso es irreversible y confirmó que continúa en conversaciones con distintos grupos para asegurar la aprobación, poniendo el foco en la bancada popular. La vicepresidenta cuestionó si estos diputados atenderán la demanda de millones de trabajadores que esperan ver reducida su jornada, sugiriendo que podrían facilitar el avance de la propuesta sin necesidad de recurrir a una compleja negociación con Junts, aunque también dejó abierta esta posibilidad como alternativa.
El Ejecutivo confía en que la medida pueda salir adelante antes de que finalice el año. Díaz subrayó que será la última vez que el Día del Trabajador se celebre con una jornada laboral de 40 horas, y reiteró que se ofrecerá apoyo a pymes para facilitar la transición a la nueva jornada.
Pese a esta confianza, los sindicatos son conscientes de las dificultades parlamentarias. Álvarez advirtió que, si la medida no prospera, se estaría cometiendo un "engaño democrático", mientras que Sordo añadió que rechazarla mediante una enmienda a la totalidad constituiría un grave fraude democrático, al tratarse de una norma pactada entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Ambos defendieron que reducir la jornada generaría empleo y aumentaría la productividad.
Además, otra demanda clave de los sindicatos fue la necesidad urgente de revisar el sistema de despido, tal como ha recomendado el Comité Europeo de Derechos Sociales. Tanto CCOO como UGT reclaman una reforma que incremente la indemnización por despido improcedente y que contemple nuevos criterios para declarar nulo un despido. Álvarez subrayó que no se puede permitir que los despidos se resuelvan con compensaciones mínimas y pidió cambios que estén alineados con los compromisos asumidos por España a nivel europeo. Sordo, en la misma línea, denunció que la legislación actual no cumple con la Carta Social Europea.