(El País, 23-12-2025) | Mercantil, civil y administrativo
EH Bildu ha comunicado que ha alcanzado un pacto con el Gobierno para prorrogar el denominado "escudo social" durante el próximo año. De acuerdo con lo explicado por la formación vasca, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto que contempla tres medidas principales: impedir los desahucios de familias vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional, vetar los cortes de suministros esenciales -electricidad, agua y gas- y ampliar la vigencia del bono social eléctrico. Bildu subraya que estas disposiciones expiraban el 31 de diciembre y que el acuerdo garantiza su continuidad, al menos, a lo largo de todo 2026.
En un comunicado, la coalición señala que la continuidad de estas políticas sociales "es el resultado de un trabajo discreto y sostenido, así como de la presión ejercida por distintos colectivos sociales". EH Bildu destaca el valor del acuerdo alcanzado tras semanas de negociaciones intensas, al considerar que permitirá mantener una protección imprescindible en un contexto económico y social complicado para miles de personas.
No es la primera vez que la formación impulsa este tipo de prórrogas. La última extensión de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional también contó con el respaldo decisivo de EH Bildu. El 26 de diciembre de 2023, el grupo anunció un acuerdo con el Ejecutivo para que el decreto de ayudas anticrisis incluyera tanto esta medida como la continuidad de la restricción a los cortes de suministros básicos.
"La firma de este acuerdo vuelve a demostrar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca y del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado y de sus pueblos. Seguiremos avanzando en esa dirección", afirmó la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en unas declaraciones difundidas por su grupo parlamentario.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios en España descendieron un 11,6% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, se contabilizaron 6.960 lanzamientos, y cerca de tres cuartas partes de ellos (el 76%) estuvieron vinculados a procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, fundamentalmente por impagos de alquiler. Un 17,4% correspondió a ejecuciones hipotecarias, mientras que el resto -444 casos- se debió a otras causas.