(El Confidencial, 10-07-2025) | Laboral
Las recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los derechos laborales de los interinos han puesto en entredicho parte de la reforma de la estabilidad del empleo público aprobada en 2021. Como consecuencia directa, la Comisión Europea ha decidido retirar 627 millones de euros de los fondos Next Generation, al considerar incumplido uno de los compromisos pactados, el hito 144. Para recuperar esos fondos, el Ministerio de Función Pública ha prometido una nueva reforma, aunque limitada y sin cambios en un aspecto clave: las compensaciones económicas por finalización de contrato.
La Comisión recuerda que la ley de 2021 debía incluir medidas eficaces para reducir la temporalidad en el sector público y prevenir el uso abusivo de contratos temporales en todos los niveles de la administración. Aunque España argumentó que la normativa ya establecía sanciones "eficaces, proporcionales y disuasorias", la Comisión aceptó esta justificación en un primer momento, antes de que se pronunciaran los tribunales europeos.
La ley contempla dos instrumentos: un régimen de responsabilidad para las administraciones que gestionan personal, que incluye sanciones económicas, y el pago de una indemnización de 20 días por año trabajado a los interinos cuyo contrato supere el tiempo legal establecido. Sin embargo, el TJUE, en sus sentencias de febrero y junio de 2024, concluyó que ambas medidas no son adecuadas. Por un lado, porque la responsabilidad de las administraciones no está suficientemente definida, lo que impide su aplicación efectiva; y por otro, porque una indemnización limitada al final del contrato no tiene un carácter verdaderamente disuasorio.
La Comisión Europea coincide con esta valoración y afirma que dichas medidas no cumplen con lo exigido por el hito 144, ya que existe una "relación directa entre la infracción del derecho comunitario y el incumplimiento del hito", lo que lleva a considerarlo revertido.
Ante esta situación, el Ejecutivo español trabaja en una reforma parcial de la ley de empleo público de 2021. Los cambios se centrarán en modificar los sistemas de selección de personal y en precisar las sanciones aplicables a las administraciones que sigan recurriendo a contrataciones temporales para cubrir necesidades estructurales. Según fuentes de Función Pública, estas reformas se incorporarán a través del proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal, actualmente en tramitación urgente en el Congreso, y mediante enmiendas a la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, cuya ponencia se espera constituir en septiembre.
No obstante, estas mismas fuentes descartan que se aumenten las indemnizaciones por cese. Implementar un sistema personalizado, como sugiere el TJUE, en lugar de una compensación fija, supondría un coste mucho más elevado para las arcas públicas. Esta cuestión está en el centro de un debate similar al que existe en el ámbito privado respecto a una posible reforma del despido, que muchas empresas y expertos rechazan por la inseguridad jurídica que implicaría.
Para Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, la Comisión da la razón al TJUE al considerar insuficiente la indemnización estándar de 20 días. No obstante, cree que para satisfacer los requisitos del hito bastaría con reformar los sistemas de selección y endurecer las sanciones. El ministro Óscar López ha planteado a los sindicatos algunas propuestas, como limitar los motivos por los que se puede recurrir a contratos temporales, crear un registro específico de trabajadores temporales en cada administración, y establecer nuevas penalizaciones para quienes incumplan las nuevas condiciones.
El hecho de que la reforma actual no haya logrado su propósito se refleja en el número de interinos, que hoy supera al de antes de la pandemia, así como en el alto índice de temporalidad. Aunque este aspecto es secundario para la Comisión, que ya considera cumplido el hito 150 -referido a la conversión en fijos de 300.000 interinos-, los datos de CCOO apuntan a que ya se han estabilizado casi 400.000 empleados y que la cifra podría alcanzar los 600.000 si se completan los procesos, lo que demostraría que el objetivo se ha cumplido, aunque no haya tenido un gran impacto en reducir la temporalidad general.
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en enero de 2025 había 698.767 interinos, principalmente en las comunidades autónomas. Aunque no son los únicos trabajadores temporales del sector público, sí constituyen el grupo más numeroso. Comparado con el total de empleados públicos, los interinos representan el 23%: un 31,9% en las CCAA, un 13% en las entidades locales y un 2,5% en la Administración General del Estado. Esta cifra está todavía 2,5 puntos por encima del nivel registrado en el segundo semestre de 2019 y sobrepasa con creces el objetivo del 8% de temporalidad que establece la propia ley de 2021, lo que evidencia lo lejos que aún está ese objetivo.