(El Periódico, 09-05-2025) | Laboral
Foment del Treball ha expresado su oposición al plan de choque contra la siniestralidad laboral presentado este lunes por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. La directora de relaciones laborales de la patronal, Yèsika Aguilar, ha criticado la propuesta de crear un equipo de técnicos de prevención que visiten, en parejas, las pymes catalanas en busca de deficiencias en materia de seguridad laboral. Según Foment, esta medida supone una duplicación de funciones respecto a la Inspección de Trabajo y podría generar inseguridad jurídica para las empresas.
El plan, una de las escasas iniciativas laborales impulsadas por la conselleria en casi un año de legislatura, queda ahora en entredicho tras el rechazo de la principal organización empresarial catalana. Sàmper pretendía responder al aumento de accidentes mortales con una propuesta pactada con los agentes sociales, pero tras los primeros encuentros con sindicatos y patronales, ese consenso, que el Govern daba por hecho, parece poco probable.
La creación de un cuerpo de delegados territoriales de prevención que acceda a empresas donde no hay presencia sindical es una vieja demanda, especialmente de UGT. No en vano, la actual directora de relaciones laborales de la Generalitat, Núria Gilgado, proviene de ese sindicato.
El Govern presentó un plan de choque tras registrarse 101 muertes laborales en Cataluña en 2024. La única medida concreta anunciada hasta ahora es un programa piloto con doce técnicos de prevención que visitarán unas mil empresas durante el año. Se preveía que seis fueran propuestos por CCOO y UGT, y los otros seis por Foment y Pimec, de ahí la importancia del respaldo empresarial para su implementación.
Foment no rechaza de plano el plan de choque, pero insiste en que los recursos disponibles deberían emplearse en medidas más eficaces y sin solapamientos. Propone, por ejemplo, reforzar la plantilla de la Inspección de Trabajo, aunque reconoce que este proceso depende del Gobierno central y es largo. Otra alternativa sería invertir en el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
El departamento de relaciones laborales de Foment presentó este jueves su informe trimestral sobre el mercado laboral. En él, también abordaron el impacto que está teniendo la incertidumbre sobre la reforma de la jornada laboral, cuyo proyecto de ley fue aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso, aunque su futuro es incierto dada la oposición que enfrenta dentro y fuera del Parlamento.
Foment ha sido especialmente activo en su rechazo a esta reforma, que propone reducir la jornada a 37,5 horas semanales para 2026, y ha intensificado sus contactos con los grupos políticos para frenar su avance. Tiene especial interés en Junts, partido que, por ahora, se ha comprometido con la patronal a votar en contra, aunque en Foment hay dudas sobre si finalmente cumplirán.
A la espera de la resolución legislativa, la patronal ha advertido de que la inseguridad jurídica está afectando a las negociaciones de convenios colectivos. En Cataluña, en lo que va de año, se han firmado un 9,6% menos convenios que en el mismo periodo de 2023, y en el conjunto del Estado, un 6% menos. "La incertidumbre en la negociación colectiva está paralizando los acuerdos", ha resumido Aguilar.
Foment mantiene que la reducción de jornada debe ser resultado del diálogo entre empleadores y trabajadores, no de una imposición legal. En su opinión, ya existe una evolución natural en ese sentido: más de un tercio de los asalariados catalanes trabajan 37,5 horas semanales o menos, y cerca del 90% tiene jornadas inferiores a las 40 horas legales.
"El lugar adecuado para abordar la jornada laboral es la negociación colectiva, que tiene mecanismos para ordenarse", ha afirmado Luis Pérez, presidente de la comisión laboral de Foment. Los sindicatos, por su parte, difieren: UGT de Catalunya estima que, si se deja exclusivamente en manos de la negociación colectiva, se tardarían unos 30 años en alcanzar la jornada de 37,5 horas.