(La Vanguardia, 07-11-2026) | Fiscal
La patronal Foment del Treball ha pedido a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que establezcan por ley una actualización anual del IRPF para tener en cuenta la evolución de los precios. La organización empresarial considera que esta medida permitiría evitar que los incrementos salariales acordados para compensar la inflación terminen provocando un aumento de la carga tributaria de los trabajadores, ya que el impuesto aplica tipos más elevados a medida que crecen los ingresos.
La propuesta ha sido presentada este jueves en Barcelona por la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, y el director de estudios de la organización, Salvador Guillermo. La patronal plantea revisar tanto los tramos estatales del IRPF como los mínimos personales y familiares, tomando como referencia el porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. Asimismo, propone recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido durante los años en los que estos parámetros no se han actualizado.
Guillermo ha recordado que el impuesto lleva 14 años sin adaptarse a la evolución de los precios. En su opinión, esta falta de actualización provoca que los ciudadanos terminen pagando más impuestos sin que necesariamente hayan aumentado su capacidad económica real. El incremento de la factura fiscal se produce, por tanto, como consecuencia de la inflación y no de una mejora efectiva de su poder adquisitivo. El representante empresarial considera que esta situación constituye una subida impositiva encubierta que permite a las Administraciones aumentar sus ingresos sin asumir el coste político de aprobar nuevos impuestos o elevar los existentes.
Entre finales de 2015 y septiembre de 2026, los precios han acumulado un incremento aproximado del 32,6%. Foment considera que esta evolución justifica la necesidad de revisar también otros parámetros tributarios, como el límite de exención del impuesto sobre actividades económicas (IAE). Actualmente, están exentas de su pago las empresas cuya cifra de negocios sea inferior a un millón de euros, un umbral establecido en 2003. Según los cálculos de la patronal, si se hubiera actualizado conforme al IPC, debería situarse actualmente en torno a 1,72 millones de euros.
Además de las modificaciones fiscales, Foment ha presentado otras propuestas dirigidas a mejorar la actividad económica, especialmente en materia de infraestructuras. Entre sus reivindicaciones figura garantizar la ejecución de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado y recuperar la publicación de información detallada que permita conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de inversión pública.