(El Periódico, 10-04-2024) | Fiscal
Foment de Treball ha elaborado un informe con el propósito de transformar la situación fiscal de Cataluña, haciéndola más favorable para familias y compañías, según indicó el líder de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre. La organización ha presentado el 'Libro verde de la fiscalidad de Cataluña', elaborado por 48 expertos y profesionales de la propia patronal, entidades, despachos especializados y representantes de la academia, con un total de 80 propuestas, entre las que se destaca la eliminación del impuesto de patrimonio. Se busca que Cataluña sea "el motor económico de España", cuya relevancia no radica únicamente en la infraestructura, sino también en los impuestos, según Sánchez Llibre.
Este documento, que será distribuido a todos los partidos políticos del Parlament y al actual Govern de la Generalitat, representa un compendio de propuestas "orientadas a influir en la Generalitat para que Cataluña cuente con una fiscalidad competitiva para las familias, el ahorro, las empresas y todos los ciudadanos, y para que se convierta en un destino atractivo para inversiones, talento y directivos internacionales de empresas que invierten en Cataluña". Una de las metas, según el informe, es lograr un equilibrio "entre la contribución fiscal de las familias catalanas y las prestaciones y servicios públicos recibidos". En este contexto, Sánchez Llibre hizo mención a la reciente formación de otro grupo de expertos para analizar las balanzas fiscales y el déficit generado entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe.
Desde la perspectiva del presidente de Foment, la reforma del sistema de financiación autonómica, con una propuesta reciente presentada por el Ejecutivo catalán de ERC, que propone un modelo "singular" para recaudar todos los tributos y transferir recursos al Estado por servicios centralizados y para un fondo de solidaridad con otras regiones, no debería impedir la modificación de la fiscalidad en Cataluña. Sánchez Llibre destacó propuestas como la reducción de la fiscalidad sobre la vivienda a través de impuestos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que se sitúan por encima de los existentes en otras autonomías, con tasas del 10% hasta un millón de euros y del 11% para montos superiores en propiedades de segunda mano. Los expertos proponen que el Estado establezca un máximo del 7%, con la posibilidad de reducirlo para las comunidades que así lo deseen. También defienden la reducción de los tipos marginales mínimo y máximo del impuesto sobre la renta (IRPF), alineándolos con "las comunidades autónomas más dinámicas", de modo que el tramo estatal quede en el 18,5% y 47,5%, respectivamente.
Asimismo, proponen simplificar la escala impositiva del impuesto de sucesiones, estableciendo un tipo mínimo del 4% y máximo del 9%, situándose en la media de los países desarrollados de la OCDE. El estudio aborda los impuestos propios, que actualmente rigen 11, tras la declaración de inconstitucionalidad de otros 7. El documento concluye que "la recaudación por impuestos propios en Cataluña es notablemente alta en comparación con otras comunidades autónomas". De hecho, estos gravámenes, que hacen que Cataluña lidere en cantidad de impuestos de este tipo, contribuyen a perpetuar la percepción de "infierno fiscal".
Los coordinadores del grupo de expertos, Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y Manuel Silva, consejero de la presidencia de Foment y socio de Roca Junyent, han enfatizado que los tributos propios generan "inseguridad jurídica" y actúan como "barrera" para las inversiones extranjeras. También proponen un plan para combatir el fraude y la economía sumergida, así como aumentar la transparencia en el uso de lo recaudado y el costo de los servicios públicos financiados con estos fondos.
A nivel del Gobierno central, además de insistir en la supresión del impuesto de patrimonio, que consideran que viola el principio constitucional de no confiscatoriedad, y contemplar la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reclaman tasas más bajas para los beneficios reinvertidos por las empresas.