(El Periódico, 03-03-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Foment del Treball endurece su postura en el debate sobre la vivienda. La patronal catalana estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad o impulsar una cuestión de inconstitucionalidad contra la última regulación acordada entre el Govern y En Comú Podem para restringir la compra de viviendas por parte de grandes propietarios.
Así lo expresó este lunes el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea anual de la entidad. El dirigente calificó el acuerdo como una "socialización de la propiedad privada" y lo consideró un ataque a este derecho, asegurando que se trata de una medida incompatible con el modelo de sociedad actual.
La nueva norma establece que quienes posean cinco o más viviendas solo podrán adquirir otra si es para destinarla a residencia habitual o para alquilarla, siempre respetando los límites fijados a los precios del alquiler. El sector inmobiliario ya mostró su rechazo cuando se anunció la iniciativa, y el propio Sánchez Llibre llegó a definirla como "filocomunista".
Desde la patronal sostienen que el problema de acceso a la vivienda se debe principalmente a la falta de oferta y a la escasa construcción de obra nueva en un contexto de aumento demográfico. A su juicio, la ausencia de suelo disponible, la lentitud en la concesión de licencias y la inseguridad jurídica para invertir conducen inevitablemente a la actual situación.
El presidente de Foment también reprochó a las administraciones la falta de planificación y de ejecución de proyectos destinados a incrementar la oferta residencial, lo que calificó como un fracaso de las políticas públicas. En su opinión, no es aceptable intentar corregir esa situación señalando a los propietarios como responsables subsidiarios o utilizándolos como chivos expiatorios de errores ajenos.
Más allá del ámbito de la vivienda, Sánchez Llibre reiteró las reivindicaciones tradicionales de la patronal, como la necesidad de reducir el déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña y mejorar la capacidad de transporte eléctrico en la región. En el terreno fiscal, insistió en que la comunidad soporta una presión impositiva excesiva y volvió a reclamar la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y una reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Finalmente, defendió el papel del empresario frente a quienes, según afirmó, cuestionan la iniciativa privada. Subrayó que el empresario no es un privilegiado, sino quien asume riesgos, invierte, innova, genera empleo y contribuye de forma decisiva al sostenimiento del Estado del bienestar mediante el pago de impuestos.