(El País, 23-09-2025) | Fiscal
El Gobierno de coalición ha alcanzado los objetivos que se propuso cuando, a finales de 2022, aprobó el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Esta figura nació con la intención de contrarrestar las bonificaciones autonómicas que habían dejado prácticamente sin efecto al impuesto sobre el patrimonio. Los datos de la Agencia Tributaria confirman que el plan funcionó: en 2023, la recaudación de este último ascendió a 1.970 millones de euros, un 58% más que el año anterior. El incremento se debe a que varias comunidades reactivaron el tributo original -que antes tenían bonificado al 100%- tras la puesta en marcha del nuevo gravamen estatal. Más allá de la disputa política entre el Gobierno central y algunas autonomías, diversos especialistas cuestionan si el diseño actual del impuesto sobre el patrimonio resulta insuficiente en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva.
Para abordar esta cuestión, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un informe elaborado por el economista Francisco García-Rodríguez. El documento, basado en microsimulaciones fiscales con datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, analiza ocho posibles configuraciones del tributo y concluye que una reforma relativamente simple podría duplicar su poder redistributivo sin comprometer su progresividad.
El punto de partida del estudio es claro: el modelo vigente es muy limitado y afecta solo a una pequeña parte de la población, alrededor del 0,5% de los hogares con mayor riqueza. Su impacto en la reducción de la desigualdad es, por tanto, escaso. Aunque formalmente es un impuesto progresivo, los elevados mínimos exentos y las amplias bonificaciones autonómicas limitan su alcance y crean una gran disparidad territorial. Así, el peso efectivo del tributo se concentra en los patrimonios más altos y varía mucho en función de la comunidad de residencia.
Las simulaciones muestran que en prácticamente todos los escenarios alternativos la capacidad redistributiva mejora respecto al esquema actual. Los diseños que reducen mínimos exentos y amplían la base imponible tienden a aumentar la progresividad y a sumar más contribuyentes, sin penalizar a las clases medias de riqueza. En otras palabras, ampliar el número de declarantes fortalece la capacidad del impuesto para reducir desigualdades.
Uno de los resultados más relevantes se obtiene eliminando tanto el mínimo exento como las bonificaciones autonómicas: según Fedea, esta modificación duplicaría la capacidad redistributiva del impuesto, concentrando el esfuerzo en los grandes patrimonios, pero de forma más uniforme entre regiones y con un efecto mucho más visible sobre la desigualdad. La progresividad se mantendría intacta, lo que convertiría a esta propuesta en una herramienta más eficaz de justicia fiscal.
El informe también señala el impacto desestabilizador de la descentralización normativa. La posibilidad de que las comunidades autónomas fijen mínimos, escalas y bonificaciones ha fragmentado el mapa tributario. Sin un impuesto estatal como el de grandes fortunas, territorios como Madrid o Andalucía habrían vaciado por completo el impuesto sobre el patrimonio, mientras que en Cataluña o Baleares sigue aplicándose con mayor rigor. Esto genera desigualdad horizontal, ya que personas con patrimonios similares soportan cargas muy distintas según dónde residan.
La comparación con modelos internacionales refuerza esta conclusión. Los sistemas de Noruega, Suiza o Francia, con estructuras más amplias y mínimos más reducidos, obtienen mejores resultados redistributivos que el español actual. No obstante, no todos los modelos son replicables: el esquema italiano, por ejemplo, resultaría regresivo en España, ya que, aunque aumentaría la recaudación, incrementaría la desigualdad.
El estudio también analiza la dimensión sociodemográfica de los contribuyentes. En modelos más inclusivos, crece la representación de mujeres, personas mayores y hogares unipersonales entre los declarantes, reflejando desigualdades estructurales en la distribución de la riqueza. Así, los hogares de un solo adulto -con o sin hijos a cargo- son los más expuestos, al no poder dividir el patrimonio entre varios titulares, mientras que las familias con varios adultos y menores muestran menor probabilidad de tributar. Estas diferencias, advierte el autor, deberían tenerse en cuenta en cualquier reforma para evitar que determinados colectivos asuman cargas excesivas.
En definitiva, Fedea concluye que el actual impuesto sobre el patrimonio apenas cumple con sus objetivos de equidad y redistribución. Sin embargo, existen márgenes claros de mejora: ajustes como reducir los mínimos exentos y eliminar las bonificaciones autonómicas permitirían reforzar de manera significativa su eficacia sin perder progresividad. Más que por su capacidad recaudatoria -que es limitada dentro del conjunto del sistema fiscal-, lo que está en juego es su potencial para avanzar hacia un modelo impositivo más justo y equilibrado.