(El País, 10-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Dos años después de que Mario Draghi presentara su ambicioso plan para recuperar la competitividad de la economía europea, apenas el 16% de sus propuestas se ha aplicado completamente. El análisis elaborado por el Banco de España a partir de los datos del Draghi Observatory muestra que la mayoría de las 176 medidas planteadas por el expresidente del BCE siguen pendientes, en desarrollo o se han ejecutado solo parcialmente.
El estudio, elaborado por el investigador Luis Díez Catalán, señala que menos de 30 de las recomendaciones han llegado a aplicarse en su totalidad en el ámbito comunitario. Otro 26% se encuentra parcialmente ejecutado, mientras que una parte importante permanece bloqueada. De hecho, el 42% de las propuestas cuenta con respaldo político por parte de los dirigentes europeos, pero todavía carece de la normativa, los reglamentos o los instrumentos necesarios para trasladarlas a la práctica. A ello se suman alrededor de 30 iniciativas sobre las que ni siquiera se había producido un pronunciamiento oficial hasta julio de este año.
El diagnóstico apunta así a una importante distancia entre los compromisos políticos y los resultados efectivos. El análisis del Banco de España considera que esta brecha refleja las dificultades habituales para alcanzar acuerdos y coordinar políticas entre los distintos Estados miembros. En otras palabras, en la Unión Europea sigue existiendo una diferencia significativa entre la voluntad expresada por sus instituciones y la capacidad para convertirla en reformas concretas.
La falta de avances tampoco parece explicarse principalmente por la ausencia de financiación. Algo más de la mitad de las aproximadamente 170 recomendaciones sectoriales planteadas por Draghi no requieren recursos públicos adicionales para su puesta en marcha. El ejemplo más evidente se encuentra en la simplificación normativa y la reducción de las cargas administrativas para las empresas: el 92% de las medidas propuestas en este ámbito no implicaría un desembolso presupuestario. El principal obstáculo estaría, por tanto, en la complejidad de los procedimientos y en la dificultad para alcanzar consensos sobre los cambios regulatorios.
El grado de ejecución también varía considerablemente entre sectores y está condicionado por las prioridades inmediatas de los gobiernos europeos. La defensa constituye uno de los ejemplos más claros. La guerra de Rusia contra Ucrania, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el distanciamiento de Estados Unidos respecto a sus compromisos tradicionales con la OTAN han elevado la presión para reforzar la capacidad militar europea.
En 2024, avanzar hacia una defensa común se consideraba una de las reformas más difíciles debido a la reticencia de los Estados miembros a ceder competencias en materia militar. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico ha acelerado los acuerdos. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el porcentaje de propuestas relacionadas con la defensa que se habían aplicado total o parcialmente pasó del 22% al 53%, convirtiendo este ámbito en el que más avances legislativos ha registrado dentro de la agenda de Draghi.
La situación es radicalmente distinta en el ámbito energético. Draghi situó la energía, junto con el acceso a materias primas críticas, entre las áreas con mayor potencial transformador para la economía europea, debido a su influencia sobre los costes de la industria, la descarbonización y la seguridad estratégica de la Unión. Pese a ello, apenas el 1% de las propuestas energéticas se ha aplicado total o parcialmente, lo que convierte a este sector en el principal ejemplo de la lentitud con la que avanza el programa de reformas.
Estos resultados contrastan con el balance más favorable que ofrecía Bruselas durante el primer año posterior a la publicación del informe. En aquel momento, la Comisión Europea contabilizaba 33 iniciativas adoptadas y 14 propuestas legislativas, además de anunciar la movilización de más de un billón de euros destinados a innovación, tecnologías limpias y seguridad. Entre las partidas anunciadas figuraban 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, 150.000 millones para el programa de defensa SAFE y más de 100.000 millones para el Pacto Industrial Limpio.
Para este segundo aniversario todavía no existe un balance oficial de la Comisión Europea. No obstante, un informe publicado a comienzos de año por el servicio de estudios del Parlamento Europeo ya advertía de que, aunque las instituciones comunitarias habían incorporado buena parte del diagnóstico de Draghi a su agenda, la magnitud de las reformas ejecutadas estaba muy por debajo de la ambición inicial del plan.
La lentitud en la aplicación de las recomendaciones ha llevado incluso al propio Draghi a buscar vías alternativas a los mecanismos habituales de Bruselas. A finales de agosto impulsó el denominado Rhine Group, un grupo de trabajo concebido como un nuevo canal de interlocución con la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. Su objetivo es precisamente acelerar la puesta en marcha de las reformas necesarias para mejorar la competitividad europea.
El balance de estos dos años deja así una conclusión clara: el problema de Europa no parece residir tanto en la falta de diagnóstico como en su capacidad para ejecutar las soluciones identificadas. El plan de Draghi puso sobre la mesa la necesidad de aumentar la inversión, reducir la brecha tecnológica y recuperar productividad frente a Estados Unidos y China, pero la lentitud legislativa y la dificultad para coordinar a los Estados miembros siguen frenando buena parte de esa agenda.