(El Economista, 16-12-2025) | Fiscal
La seguridad jurídica constituye uno de los fundamentos esenciales de cualquier sistema fiscal moderno y eficaz. Sin reglas estables ni criterios claros, la capacidad de previsión desaparece, los movimientos de capital se frenan y la confianza de los ciudadanos en la Administración se debilita. Así lo advierte un reciente informe del think tank Foro de Regulación Inteligente (FRI), que subraya que el problema no radica únicamente en el nivel de impuestos, sino en la posibilidad real de que el contribuyente sepa con antelación qué se le va a exigir y bajo qué condiciones. La certidumbre y la confianza deberían ser pilares básicos de las instituciones en una economía desarrollada, algo que, según el informe, en España resulta cada vez más cuestionable.
El estudio sitúa a España entre los países avanzados con menor nivel de seguridad jurídica para los contribuyentes. Desde el FRI alertan de una percepción creciente de arbitrariedad y conflictividad en la aplicación de la normativa fiscal, especialmente acusada en el trato a los contribuyentes extranjeros. La combinación de actuaciones con efectos retroactivos, cambios frecuentes de criterio interpretativo y unos incentivos administrativos centrados en maximizar la recaudación habrían alimentado una elevada litigiosidad que pone en riesgo la imagen de España como destino atractivo para invertir o residir.
El ejemplo más representativo de esta situación es el régimen especial de impatriados, conocido como la Ley Beckham. Diseñado inicialmente para atraer talento internacional mediante un tipo fijo del 24% sobre rentas obtenidas en España y sin obligación de declarar bienes en el extranjero, este régimen se ha convertido -según el informe- en un símbolo del deterioro del principio de seguridad jurídica. Lo que nació como un incentivo estable ha terminado situando a sus beneficiarios en una posición de incertidumbre años después de haberse ajustado a la normativa vigente.
El detonante del conflicto, explica el Foro de Regulación Inteligente, es que decenas de contribuyentes que contaban con certificados oficiales de inclusión emitidos por la Agencia Tributaria han visto cómo, tiempo después, ese mismo organismo cuestionaba de forma retroactiva la validez de dichos documentos, reclamando importantes cantidades adicionales. El problema no es solo el impacto económico, sino el precedente que se genera: declarar durante años sin objeciones y enfrentarse posteriormente a revisiones que se remontan incluso a más de diez años atrás.
Esta controversia ha derivado en una macrodemanda internacional encabezada por el despacho Amsterdam & Partners, que acusa a la Hacienda española de vulnerar derechos fundamentales y de actuar al margen de los principios del Estado de Derecho. Su fundador, Robert Amsterdam, sostiene que la Agencia Tributaria criminaliza sistemáticamente al contribuyente, opera bajo una presunción constante de fraude y empuja a los inspectores a comportarse de manera agresiva mediante un sistema de incentivos vinculado al volumen de sanciones impuestas.
En un artículo publicado en el Financial Times, el despacho describía el modelo fiscal español como un sistema que premia la dureza recaudatoria, penaliza la defensa del contribuyente y convierte a la Administración en una parte que siempre sale vencedora, mientras el ciudadano asume sistemáticamente la derrota. Una práctica que, según denunciaban, muchos contribuyentes han soportado durante años en silencio.
El bufete ha anunciado acciones ante organismos internacionales como la ONU, la OCDE, el Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por su parte, la Agencia Tributaria sostiene -según recoge el informe- que los certificados emitidos no implicaban una aceptación definitiva del estatus fiscal, sino únicamente la constatación de que se había presentado la documentación. Para el FRI, esta reinterpretación administrativa aplicada con carácter retroactivo deja a numerosos contribuyentes en una situación de clara indefensión, expuestos a reclamaciones millonarias y a posibles sanciones.
El informe encuadra el conflicto de la Ley Beckham dentro de un problema más amplio del sistema tributario español, caracterizado por inspecciones que, en ocasiones, superan los límites de proporcionalidad, se extienden a ámbitos personales o familiares y se apoyan en conceptos jurídicos poco definidos, como la acusación genérica de simulación. El resultado es un modelo que, en palabras del propio estudio, prioriza la sanción frente a la gestión y antepone la recaudación inmediata a la justicia tributaria.
A esta dinámica se suma, como señalaba el despacho en el Financial Times, un sistema interno de incentivos que favorece la recaudación mediante actas con acuerdo, generando conflictos de interés al vincular la retribución del inspector al cierre de pactos que muchos contribuyentes aceptan por temor a litigios largos y costosos. El Foro de Regulación Inteligente advierte de que, en estos procedimientos, la Fiscalía puede llegar a solicitar penas de prisión elevadas, lo que introduce un fuerte elemento de presión que distorsiona la relación entre la Administración y el ciudadano.
La inseguridad jurídica no se limita a casos de alto perfil mediático, sino que se refleja en el elevado volumen de litigios. El informe recoge que cada año se presentan más de 200.000 reclamaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos y que entre 2014 y 2023 se acumularon más de dos millones de expedientes, de los cuales al menos 877.000 se resolvieron a favor del contribuyente. En la actualidad, aproximadamente cuatro de cada diez reclamaciones terminan con un fallo contrario a la Agencia Tributaria.
En 2023, el IRPF y el IVA concentraron buena parte de esta conflictividad, con más de 61.000 y 28.000 resoluciones respectivamente. En ambos casos, cerca de la mitad de las decisiones fueron favorables al contribuyente. En impuestos como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales, los porcentajes superan el 60%, lo que para el think tank pone de manifiesto graves deficiencias de seguridad jurídica en los tributos cedidos, donde la diversidad normativa y de criterios incrementa la incertidumbre.
La comparación internacional tampoco resulta favorable para España. Según datos de ISORA 2024, el país se sitúa entre los que más procedimientos de revisión inicia, con 7,9 por cada 1.000 contribuyentes, una cifra muy superior a la de economías comparables como Italia, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos. Además, solo algo más de la mitad de los litigios en instancias superiores se resuelven a favor de la Administración, lo que evidencia un elevado grado de corrección judicial de las actuaciones fiscales.
Con estos elementos, el Foro de Regulación Inteligente elabora un Indicador Sintético de Seguridad Jurídica del Contribuyente en el que España obtiene una puntuación de 5,47 sobre 10, situándose en la parte baja del ranking internacional. Las principales debilidades se concentran en la fiscalidad del patrimonio y en un marco normativo sujeto a constantes cambios. El informe recuerda que, durante la presidencia de Pedro Sánchez, se han aprobado cerca de un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones, además de la no deflactación del IRPF, que habría generado un aumento recaudatorio superior a 35.000 millones de euros.
El estudio concluye que esta deriva tiene un coste económico ampliamente documentado por la literatura académica: reduce la inversión, desincentiva la movilidad internacional, encarece el capital y proyecta una imagen de arbitrariedad incompatible con los estándares de una economía avanzada. Y subraya su mensaje central: el debate no es una confrontación entre Hacienda y contribuyentes privilegiados, sino la dificultad del Estado para garantizar normas claras, estables y previsibles. Porque el respeto al Estado de Derecho, sostiene el informe, no debe medirse por la eficacia recaudatoria, sino por su coherencia con los principios de justicia, equidad y proporcionalidad.