(El Economista, 05-05-2025) | Fiscal
Los países de la Unión Europea han comenzado a responder a la propuesta de la Comisión Europea para impulsar el rearme del continente ante la amenaza que representa Rusia y el nuevo contexto internacional derivado del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre las iniciativas planteadas por Bruselas destaca la posibilidad de flexibilizar las reglas fiscales a nivel nacional para permitir un mayor gasto en defensa. Esta medida ha sido bien recibida por una docena de Estados miembro, que ya han solicitado formalmente acogerse a ella. España, sin embargo, aún no ha dado el paso.
La defensa, que había quedado relegada durante años, se ha convertido en una prioridad en el segundo mandato de Ursula von der Leyen. La incertidumbre generada por el posible cambio de rumbo en la política exterior estadounidense ha dejado a Ucrania y a la UE sin una garantía clara de respaldo por parte de Washington, que además es el principal proveedor de armamento del bloque. Ante este panorama, la Comisión ha presentado un conjunto de medidas que buscan reforzar la autonomía estratégica europea con vistas al año 2030.
Hasta finales de abril, fecha límite inicial para activar esta "cláusula de escape" fiscal, doce países -entre ellos Bélgica, Dinamarca, Alemania y Portugal- han solicitado la aplicación de la medida, que permite excluir el incremento del gasto en defensa del cálculo del déficit. España, por su parte, sigue evaluando su adhesión, ya que su elevada deuda y déficit hacen que acogerse a esta flexibilidad represente un riesgo para las cuentas públicas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva, subrayando que el plazo del 30 de abril era solo orientativo y que la Comisión permitiría nuevas solicitudes más adelante, aunque con ciertas limitaciones. En cualquier caso, el Ejecutivo español valora positivamente que Bruselas esté abriendo la puerta a este tipo de medidas, pero ha insistido en que la respuesta debe ser común. En este sentido, Cuerpo ha propuesto la creación de un instrumento europeo financiado con aportaciones nacionales y deuda conjunta, una idea que ha sido rechazada por países como Alemania y Países Bajos.
España aún no cumple con el objetivo marcado por la OTAN de destinar el 2% del PIB a defensa -umbral que la Alianza ha elevado recientemente al 3%-. El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una inversión adicional de más de 10.400 millones de euros para alcanzar ese 2% en 2025, partiendo del 1,4% actual. Esta inversión, asegura Moncloa, se financiará sin aumentar impuestos, sin tocar el gasto social y sin agravar el déficit.
Además de España, otras potencias como Francia e Italia también han optado por mantenerse al margen de esta flexibilización fiscal por razones similares. Bruselas propuso que los países puedan elevar su gasto en defensa hasta el 1,5% del PIB sin que esto afecte al procedimiento de déficit excesivo, siempre y cuando se haga antes de 2028.
Este movimiento forma parte de un plan más amplio que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto militar en los próximos años. A ello se suma el programa SAFE, que contempla hasta 150.000 millones en préstamos con financiación europea. También se ha propuesto la utilización de fondos de Cohesión del presupuesto comunitario vigente (hasta 2027) para destinarlos a defensa, una posibilidad que el presidente Sánchez ha rechazado, al considerar que esos recursos deben emplearse en el desarrollo regional y están gestionados por las comunidades autónomas.