(El País, 11-11-2026) | Fiscal
España registró en 2025 uno de los mayores incrementos de la presión fiscal de la Unión Europea, con una subida cercana a un punto porcentual. Esta evolución se explica tanto por el aumento de la recaudación tributaria como por la fortaleza del mercado laboral, que ha elevado los costes asociados a las cotizaciones sociales. En consecuencia, el peso de los impuestos y las aportaciones a la Seguridad Social sobre el producto interior bruto (PIB) aumentó nueve décimas en un año, hasta situarse en el 38,1%. Los últimos datos de Eurostat colocan a España entre los países donde más creció este indicador, en niveles similares a Francia y Croacia y solo por detrás de Alemania y Malta. A pesar de este avance, la presión fiscal española sigue por debajo de la media comunitaria, de la zona euro y de las principales economías europeas.
Según las cifras de la oficina estadística europea, todavía provisionales en algunos casos, la presión fiscal alcanzó el 40,7% del PIB en el conjunto de la UE en 2025, medio punto más que el año anterior. En los países de la zona euro llegó al 41,2%, tras aumentar seis décimas. Esto sitúa a España 2,6 puntos por debajo de la media comunitaria y 3,1 puntos por debajo de la eurozona.
La brecha es aún más amplia si se compara con las grandes economías del continente. Francia presenta una presión fiscal del 46% del PIB, Italia del 43% y Alemania del 41,4%. También superan el nivel español Bélgica, Austria y los países nórdicos. En el otro extremo figuran Irlanda, con un 22,7%; Rumanía, con un 29,3%; Malta, con un 30,3%, y Bulgaria, con un 30,6%.
En el conjunto de la Unión Europea, el aumento de las cotizaciones sociales fue uno de los principales factores que impulsaron el indicador. Su peso pasó del 13,9% al 14,3% del PIB entre 2024 y 2025. Por su parte, los impuestos sobre la producción y las importaciones se mantuvieron estables en el 12,9%, mientras que los tributos sobre la renta y el patrimonio avanzaron ligeramente, hasta el 13,2%.
En España, el incremento estuvo relacionado principalmente con el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios, que avanzaron a un ritmo muy superior al de la economía. La recaudación alcanzó los 325.356 millones de euros en 2025, frente a los 294.734 millones del año anterior. Esto supone 30.622 millones adicionales, un aumento del 10,4%. El crecimiento contrasta con el avance real del PIB, que fue del 2,6%. Aunque para calcular la presión fiscal se utiliza el PIB nominal, que incorpora también el efecto de los precios, su evolución fue igualmente inferior al ritmo de incremento de los ingresos públicos. A este factor se sumó el aumento de los costes por cotizaciones sociales, impulsado por la buena evolución del empleo.
La presión fiscal permite medir qué proporción de la riqueza generada por una economía corresponde a los ingresos obtenidos mediante impuestos y cotizaciones sociales. Se trata de un indicador relevante para analizar la capacidad de las administraciones públicas para financiar los servicios y prestaciones que demanda la sociedad, como la sanidad, la educación, las pensiones y la protección social. A diferencia de otras aproximaciones, como el esfuerzo fiscal, su metodología está estandarizada, lo que permite a organismos como la Unión Europea y la OCDE comparar la situación de los distintos países.
Su evolución depende de dos variables: los ingresos públicos y el crecimiento económico, que constituye la base de comparación. Cuando la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales aumentan más deprisa que el PIB, la presión fiscal se eleva. Por el contrario, si la economía crece a un ritmo similar o superior al de los ingresos, el indicador tiende a moderarse. En España se produjo el primero de estos escenarios en 2025, pese al dinamismo de la actividad económica. Una situación que fue todavía más acusada en Alemania y Francia, donde la presión fiscal también aumentó en un contexto de crecimiento económico mucho más débil.
Una parte significativa del avance registrado en España procede del comportamiento de los principales impuestos. Los ingresos por IRPF aumentaron un 10,1% en 2025, mientras que la recaudación del impuesto sobre sociedades creció un 8,1% y la del IVA, un 9,9%. Estos incrementos responden a la expansión de las bases imponibles, a los cambios normativos y al impacto de la inflación. En este último caso, la falta de actualización de la tarifa del IRPF conforme a la evolución de los precios ha provocado que parte de las subidas salariales nominales se traduzcan en una mayor carga tributaria. También el encarecimiento de los bienes y servicios ha elevado los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo.
La evolución de la presión fiscal durante los últimos años también ha estado condicionada por las distintas crisis económicas que ha atravesado Europa. La pandemia provocó una de las mayores alteraciones de este indicador. Los confinamientos y las restricciones a la actividad ocasionaron una contracción histórica del PIB en 2020, especialmente intensa en España. Aunque la caída de la actividad redujo los ingresos públicos, el retroceso de la economía fue mucho más pronunciado, lo que elevó el peso relativo de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB.
La recuperación posterior contribuyó a moderar la ratio, pero el repunte de la inflación volvió a modificar la relación entre los ingresos públicos y el tamaño de la economía. El aumento de los precios elevó el valor nominal de los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, impulsando la recaudación. En el IRPF, la ausencia de una deflactación de la tarifa hizo que los incrementos salariales asociados a la inflación aumentaran la tributación de parte de los contribuyentes. En el IVA, el encarecimiento de productos y servicios y la recuperación de determinados tipos impositivos ampliaron la base imponible. Estos factores contribuyeron a incrementar el peso de los ingresos públicos sobre el PIB.