(El Economista, 05-07-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El alquiler social es una herramienta esencial para abordar el problema del sinhogarismo. Sin embargo, no alcanza al 95,99% de quienes lo necesitan, debido principalmente a la escasez de vivienda pública, que representa solo un 2,4% de los 18 millones de hogares en España.
Esta es la conclusión principal del informe "Radiografía del alquiler social y el sinhogarismo en España", elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la Universidad Rey Juan Carlos y la SOCIMI social tuTECHÔ, especializada en proporcionar soluciones habitacionales y ofrecer acompañamiento a personas en situación de sinhogarismo. Una vivienda social es aquella que la Administración Pública debe ofrecer a ciudadanos en situaciones precarias, ya sea porque son jóvenes en busca de su primera vivienda o familias con recursos económicos limitados.
"Es crucial que la Administración Pública provea de un bien tan esencial como la vivienda. Desde el Observatorio del Alquiler, observamos que España está muy rezagada respecto a otros países de la OCDE en cuanto a la disponibilidad de viviendas sociales. España necesita entre 300.000 y 370.000 viviendas sociales para resolver el problema del alquiler social", señala Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Añade que "las tensiones en los mercados locales de alquiler en España se deben a la falta de acción de la administración pública en la provisión de esta actividad social, y es importante entender que en los últimos 10 años no se ha construido vivienda social en España y las pocas acciones realizadas han sido insuficientes para cubrir esta necesidad".
Aumentar el parque de viviendas en alquiler social es, por tanto, fundamental para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas sin hogar. El alquiler social no solo proporciona vivienda a quienes la necesitan, sino que también impulsa la inclusión y facilita el acceso a otras oportunidades, como en el ámbito laboral. Sin embargo, con solo un 2,4% del parque de viviendas, los recursos públicos son completamente insuficientes para atender las más de 375.000 solicitudes registradas el año pasado.
"El 95,99% de las personas sin hogar podrían beneficiarse de algún programa de alquiler social, pero no lo hacen. La mayoría prefiere optar por ayudas económicas antes que por un alquiler social, ya que perciben que no podrán acceder a estos recursos debido al déficit de vivienda pública: un 80,4% ha solicitado una prestación económica, en contraste con solo el 3,7% que pidió una ayuda de alojamiento", explica el presidente de Alquiler Seguro.
Acceder a un alquiler social supone diversos y profundos cambios en las características socioeconómicas de las personas sin hogar, incluyendo mejoras en la estabilidad laboral y la calidad de las viviendas. Pero la falta de cobertura evidencia el desbordamiento del sistema y la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda pública para que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
La Encuesta de Personas Sin Hogar de 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), identifica entre las causas de la falta de hogar cuestiones relacionadas con el alquiler, como la incapacidad de pagar la renta (9,95%), desahucios (6,58%) o el fin del contrato de arrendamiento (1,86%). También influyen factores personales y económicos, como la emigración a otro país o problemas de adicciones. Además, es un problema que no se resuelve a corto plazo.
Según el Observatorio del Alquiler, "la mayoría de los individuos está sin hogar por periodos prolongados. Un 39,83% de los encuestados por el INE lleva más de 3 años viviendo en la calle, y un 26,53% lleva entre 1 y 3 años, lo que incrementa aún más las dificultades para la reintegración social y económica".