(Expansión, 03-06-2026) | Mercantil, civil y administrativo
España, Francia e Italia consideran necesario limitar el alcance de actuación del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para favorecer la competitividad de la banca europea. Así lo recogen en un documento conjunto, al que ha accedido EXPANSIÓN, con el que buscan coordinar una posición común de cara a la próxima reforma del marco bancario europeo.
Los tres países alertan de que las entidades financieras de la Unión Europea están soportando una creciente "inflación regulatoria", una expresión utilizada desde hace tiempo por el sector para denunciar la acumulación de normas y exigencias técnicas que, según sostienen, exceden lo establecido por la legislación comunitaria.
En el informe, España, Francia e Italia subrayan que una parte cada vez más amplia de la regulación procede de los desarrollos técnicos de la EBA -conocidos como normas de nivel 2-, así como de las orientaciones y recomendaciones supervisoras del BCE, encuadradas en el denominado nivel 3.
Para frenar este aumento de requisitos, los tres países reclaman que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE asuman un papel más activo en la supervisión de los estándares técnicos elaborados por la EBA. Además, piden evaluaciones de impacto más completas antes y después de desarrollar la normativa bancaria, teniendo en cuenta factores como la acumulación de cargas regulatorias y la comparación con otros mercados internacionales. El documento también plantea que esos análisis puedan ser elaborados por expertos independientes o académicos especializados en el sector financiero.
Respecto al BCE y sus directrices supervisoras, aunque estas no son legalmente vinculantes, los países advierten de que en la práctica pueden actuar como regulaciones encubiertas, difíciles de interpretar, costosas de aplicar y susceptibles de generar diferencias de criterio. A su juicio, esta situación incrementa la inseguridad jurídica y añade exigencias que van más allá de lo previsto inicialmente.
Los ministros de España, Francia e Italia defienden que los supervisores deban justificar que sus recomendaciones se limitan estrictamente a lo necesario para controlar riesgos y preservar la estabilidad financiera. Asimismo, consideran que debería ser obligatorio abrir procesos de consulta antes de imponer modificaciones en las prácticas corporativas de los bancos.
Entre las propuestas incluidas en el texto figura también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, concebida como un órgano asesor independiente encargado de emitir recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR), con el fin de garantizar una visión más amplia sobre el impacto de las decisiones regulatorias en el sector bancario.
Además, España, Francia e Italia abogan por reconocer expresamente en la legislación el derecho de las entidades financieras a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las directrices generales de los supervisores, reforzando así el control judicial sobre las autoridades bancarias. Aunque actualmente el TJUE ya permite impugnar determinadas decisiones del BCE, esta vía apenas se utiliza dentro de la UE.
"El uso de directrices y expectativas supervisoras puede contribuir a la convergencia, pero no debería derivar en un sistema paralelo de obligaciones", señalan los tres países, que consideran que el exceso de complejidad regulatoria genera costes innecesarios, resta seguridad jurídica, incrementa las cargas de cumplimiento y limita recursos que podrían destinarse a la financiación y la innovación.
Por el momento, tanto el BCE como la EBA han evitado pronunciarse sobre este documento, ya que se trata de una propuesta aún en fase de elaboración y que no ha sido difundida oficialmente.