(El País, 20-09-2024) | Fiscal
España enfrenta un importante desafío presupuestario para las próximas décadas, debido principalmente al envejecimiento de su población. En concreto, el país deberá realizar un ajuste fiscal adicional del 6,3% de su PIB para el año 2045, cuando se espera que termine el impacto de la generación del baby boom. Este ajuste será necesario para cubrir los crecientes gastos relacionados con el envejecimiento, como las pensiones y los servicios de salud, y para cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea. Así lo indica un informe presentado por el centro de estudios Bruegel, titulado "Cómo afectará el cambio demográfico a la sostenibilidad de la deuda en los países de la UE". El análisis tiene en cuenta el déficit estructural primario, que la Comisión Europea estima en un 0,8% del PIB en 2024. Sumando esta situación a los futuros gastos, se concluye que para equilibrar las cuentas públicas se requerirá un ajuste superior al 6% del PIB.
Aunque España ya necesita ajustes fiscales a corto plazo (más del 4% del PIB entre 2024 y 2031), el impacto del envejecimiento será aún más marcado en las décadas siguientes, ya que en la de 2040 se jubilará el mayor grupo poblacional actual, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se espera que, para 2055, el 30,5% de la población sea mayor de 65 años, lo que incrementará los costes asociados. Esto obligará al Gobierno a recortar gastos en otras áreas, como infraestructuras, educación, defensa o la administración pública, o bien a aumentar los impuestos significativamente. El informe de Bruegel sitúa a España como el tercer país más afectado por estos cambios, solo por detrás de Rumanía y Eslovaquia.
El envejecimiento es un fenómeno imparable en Europa, con una baja natalidad y una mayor esperanza de vida. Esto genera un desbalance en las finanzas públicas, ya que menos trabajadores deben sostener a más jubilados. Si los Estados no implementan medidas adicionales para mitigar el costo de las jubilaciones y la atención sanitaria, deberán hacer ajustes en otras áreas de sus presupuestos para cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea, que fijan un límite del 3% del PIB para el déficit y del 60% para la deuda. Según Bruegel, la media de ajuste fiscal requerida para los países de la UE hasta 2052 es del 2,8% del PIB.
Sin la intervención de la inmigración, se proyecta que la población de la UE pasará de 451 millones en 2022 a 406 millones en 2050, una reducción del 10%. Además, la población en edad de trabajar (entre 20 y 64 años) disminuirá un 21%, mientras que el número de personas mayores de 65 años aumentará en 32 millones, y la población joven disminuirá en más de 20 millones. Esto aumenta la tasa de dependencia y pone en peligro la sostenibilidad de los sistemas de bienestar y las finanzas públicas.
España tendrá que realizar ajustes fiscales durante al menos los próximos 30 años. Según el análisis, el país necesitará un ajuste del 6% del PIB entre 2024 y 2052. Otras naciones como Francia, Italia y Polonia también tendrán que hacer ajustes significativos, entre el 4% y el 5% de su PIB. Rumanía y Eslovaquia deberán implementar los ajustes más severos, superiores al 7% del PIB. El impacto del envejecimiento varía según la situación fiscal y las proyecciones demográficas de cada país.
En el caso de España, el desafío no está tanto en su economía actual, sino en la estructura demográfica invertida. En Europa, el problema se agrava debido a que las proyecciones no incluyen medidas paliativas, como el aumento de la edad de jubilación o la mejora de los sistemas de salud. Aunque los expertos coinciden en que estas reformas aliviarían la carga fiscal, el informe destaca que "la aplicación de las reformas en los países de la UE sigue siendo insuficiente" y que las recomendaciones en torno a la inmigración y la fertilidad son escasas, a pesar de la abundante literatura académica en estas áreas.
Para evitar reducir el gasto esencial y mantener la deuda en niveles sostenibles, los países de la UE deberán abordar con más seriedad las reformas necesarias. Además, la Comisión y el Consejo Europeo deberían ser más audaces en ampliar el alcance de las políticas que incluyen en sus recomendaciones. Entre las medidas más sugeridas se encuentra aumentar la participación en el mercado laboral, centrándose en mujeres, jóvenes, personas desfavorecidas e inmigrantes. También se recomienda limitar las jubilaciones anticipadas, aumentar el empleo entre los trabajadores mayores y ajustar la edad de jubilación según la esperanza de vida. Otras propuestas incluyen igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres, unificar los diferentes sistemas de pensiones, revisar los mecanismos de actualización de las mismas y fortalecer los fondos privados de pensiones, además de fomentar el ahorro personal para la jubilación.