(Expansión, 28-03-2024) | Fiscal
Protegiendo estas inversiones ante los efectos de la nueva normativa tributaria y adaptándolas al ritmo de los últimos avances tecnológicos es lo que propone la Cámara de Comercio, que acaba de presentar al Gobierno un documento de propuestas al respecto, en el que sugiere excluir las deducciones fiscales por I+D+i del marco del nuevo tipo mínimo global de Sociedades, permitir su conversión en créditos fiscales para otros impuestos o destinarlas al gasto en Inteligencia Artificial.
Estas medidas son algunas de las que se recogen en el informe "El sistema de incentivos fiscales a la I+D+i en España: diagnóstico y propuestas para su impulso", elaborado por la Comisión de Investigación e Innovación de la Cámara de Comercio de España, que cuenta con la participación de empresas como Deloitte, Almirall, Aena, CAF, Antolin, la Asociación Española de Bioempreas (Asebio), o las fundaciones Cotec para la innovación e I+E Innovación España.
El informe fue presentado la semana pasada al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, adscrito al Ministerio dirigido por Diana Morant, como parte del trabajo consultivo y asesor que la Cámara de Comercio realiza para el sector público.
Según el informe, la inversión privada en investigación y desarrollo en España representaba en 2022 el 0,8% del PIB, una cifra considerablemente menor que el promedio de la Unión Europea-27, que alcanzaba el 1,5%, según datos de Eurostat. Además, durante las últimas dos décadas apenas ha habido un aumento significativo en esta inversión, lo que ha generado una brecha con el resto de Europa que, aunque se ha reducido en los últimos años, sigue siendo significativa.
En este contexto, la Cámara de Comercio destaca la importancia del apoyo del sector público a la I+D+i empresarial, explicando que España ha optado por un equilibrio entre las subvenciones directas y los incentivos fiscales para abordar este respaldo. Sin embargo, según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), correspondientes al año 2020, el apoyo público español a la inversión en investigación, desarrollo e innovación se limita al 0,09% del PIB, con 0,06 puntos destinados a subvenciones directas y 0,03 a incentivos fiscales. Estas cifras están considerablemente por debajo del promedio de la Unión Europea-27, donde se destinó un 0,18% del PIB a la I+D+i privada, con un 0,08% en subvenciones y un 0,1% en incentivos fiscales.
La Cámara de Comercio muestra preocupación por el estancamiento en la implementación efectiva de los incentivos fiscales para la I+D+i en España durante la última década (2012-2022), a diferencia de otros países europeos que han aumentado significativamente su uso como respuesta a la crisis financiera y a la creciente competencia internacional. Mientras España se ha mantenido en el 0,03% del PIB destinado a este fin, países como Reino Unido han triplicado su inversión, pasando del 0,1% al 0,3%, y Portugal ha aumentado del 0,08% al 0,24%. Por ejemplo, la economía portuguesa, seis veces más pequeña que la española, destinó 349 millones a incentivos fiscales en 2018, 29 más que los 319 millones de España.
Aunque la partida presupuestaria para I+D+i alcanzó un récord en 2022 con 15.044 millones, 2.285 millones más que el año anterior, aún queda lejos del aumento de 4.097 millones que se produjo en 2021, cuando comenzaron a aplicarse los fondos Next Generation. Sin embargo, la ejecución real fue del 58,7%.
A pesar de que los incentivos fiscales para la I+D+i son los más relevantes en el Impuesto de Sociedades (672 millones de euros en el Presupuesto de 2023), la Cámara de Comercio señala que existen problemas en el proceso de solicitud y ciertos aspectos legales que generan incertidumbre y limitan su efectividad. Entre los obstáculos identificados se encuentran restricciones en la aplicación de deducciones, la tributación mínima global, limitaciones temporales para bonificaciones al personal investigador y sentencias judiciales que van en contra de la interpretación ministerial.
Por lo tanto, el informe propone que la transposición del tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades que está llevando a cabo Hacienda no restrinja la aplicación de las deducciones por I+D+i. Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio, insta a mantener esta situación en el tipo mínimo nacional y seguir el ejemplo de Irlanda en lo que respecta a la cuota mínima global, proponiendo que estas deducciones se consideren "crédito fiscal admisible reembolsable".
La Cámara también propone ampliar el plazo general de aprovechamiento de las deducciones más allá de los 18 años actuales, o ampliar los conceptos cubiertos a novedades de software o Inteligencia Artificial (IA).
Además, el informe insta a eliminar el requisito de mantener el empleo para la monetización de las deducciones de I+D+i, exigiendo solo un esfuerzo inversor; y propone utilizar los créditos fiscales generados para satisfacer el pago de otros impuestos además del de Sociedades.