(Expansión, 16-09-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Congreso de los Diputados afronta hoy la votación del real decreto-ley aprobado por el Gobierno en agosto para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies. La iniciativa llega a la Cámara Baja sin contar con el respaldo de los sindicatos ni de la patronal, mientras Junts ha anticipado su voto en contra y el Partido Popular todavía mantiene abierta su posición. Entre tanto, más de 250 entidades, entre ellas asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales, colectivos de consumidores y grandes compañías, ya se han incorporado al nuevo registro de grupos de interés.
La votación resulta especialmente relevante para el último desembolso de los fondos europeos, ya que el decreto forma parte de los compromisos asumidos por España ante Bruselas. Si la norma no supera hoy el trámite de convalidación, España podría ver reducido el importe del último pago hasta en 1.500 millones de euros, según la metodología orientativa de la Comisión Europea para calcular las consecuencias económicas de los hitos incumplidos. No obstante, fuentes del Gobierno señalan que la cantidad final podría ser inferior en función de los ajustes previstos por el propio mecanismo europeo.
El Ejecutivo aprobó el decreto el pasado 25 de agosto con el objetivo de cumplir los compromisos pendientes antes de solicitar el último desembolso, que se situaría en torno a los 26.000 millones de euros. Economía dispone hasta el 30 de septiembre para justificar el cumplimiento de los hitos y presentar la solicitud. Si finalmente el Congreso rechaza la regulación, el Gobierno tendría que modificar esa petición y podría optar a una cantidad máxima inferior, que llegaría hasta los 24.500 millones de euros. La Comisión Europea debería posteriormente evaluar la solicitud y efectuar el pago antes del 31 de diciembre, fecha en la que concluye el Plan de Recuperación puesto en marcha tras la pandemia.
La propuesta también ha generado un fuerte rechazo entre los agentes sociales. UGT y CCOO consideran que incluir a las organizaciones sindicales en el registro, como condición para mantener reuniones con representantes políticos y altos cargos de la Administración, no tiene en cuenta las funciones representativas y constitucionales que desempeñan. Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha cuestionado que la principal organización empresarial del país quede sometida a esta regulación y anunció la suspensión de las comunicaciones con el Gobierno hasta conocer el resultado de la votación parlamentaria.
Desde el ámbito profesional del lobby, en cambio, la valoración del decreto es diferente. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales considera que el nuevo texto introduce mejoras respecto al proyecto de ley anterior. Entre ellas destaca la atribución de las funciones de supervisión y control a una autoridad independiente, que recaerían en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, así como la posibilidad de conectar el registro estatal con los existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos. El sector considera especialmente importante esta interoperabilidad para evitar la proliferación de registros desconectados entre sí y una mayor carga burocrática.
La regulación incorpora además buena parte de las propuestas planteadas durante la tramitación parlamentaria anterior y, según los profesionales del sector, se ajusta a los estándares europeos. El resultado de la votación determinará, por tanto, tanto el futuro inmediato del marco regulador de los grupos de interés como el cumplimiento de uno de los compromisos vinculados al cierre del Plan de Recuperación y al último desembolso de fondos europeos.