(El País, 27-01-2026) | Laboral
Un año después, el escenario vuelve a repetirse casi sin cambios. El Ejecutivo no tiene garantizado que este martes el Congreso convalide los decretos aprobados por el Consejo de Ministros durante las pasadas Navidades, que incluyen la revalorización inmediata de las pensiones -un 2,7% en la mayoría de los casos-, la prórroga de varias ayudas dirigidas a los hogares más vulnerables y las subvenciones al transporte público. Al igual que entonces, Junts mantiene en suspenso su respaldo a este paquete de medidas y todo apunta a que podría votar en contra, un movimiento decisivo teniendo en cuenta el rechazo ya anunciado por el PP. Las conversaciones continúan abiertas y el partido independentista aún no ha revelado todas sus cartas.
Para abordar esta situación, el Congreso ha convocado un pleno extraordinario de carácter ómnibus, ya que el mes de enero no es hábil parlamentariamente. En esa sesión se debatirá la convalidación de dos reales decretos aprobados en el último Consejo de Ministros de 2025, celebrado el 23 de diciembre, que deben ser ratificados por las Cortes en el plazo legal de un mes. Ambos textos recogen medidas clave de la denominada "agenda social" del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, como recordó este lunes la portavoz socialista, Montse Mínguez, quien apeló a la responsabilidad del conjunto de los grupos para evitar que decaigan.
El primero de los decretos contempla la actualización anual de las pensiones, con una subida general del 2,7% y aumentos de entre el 7% y el 11% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. También incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, límites a los cortes de suministros básicos como electricidad, agua o gas, la prórroga del bono social eléctrico y la ampliación de ayudas para los afectados por la dana, entre otras medidas. El segundo decreto somete a votación la continuidad de las ayudas destinadas a fomentar el uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje. Ninguno de los dos cuenta, por ahora, con los apoyos suficientes asegurados.
PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG defienden la urgencia de aprobar ambos decretos. Incluso Podemos, pese a su creciente distanciamiento del resto de socios de investidura, los considera necesarios. Su portavoz, Pablo Fernández, afirmó que convalidarlos es "una obligación moral", ya que no hacerlo supondría un grave perjuicio para miles de familias, aunque matizó que se trata de medidas de mínimos que no compensan otras carencias del Gobierno en política social y de vivienda.
En el lado contrario, el PP volverá a votar en contra, alineándose una vez más con Vox, como ya hizo en la votación del año pasado. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, adelantó esta postura en una entrevista radiofónica y posteriormente la confirmó el responsable de Hacienda del partido, Juan Bravo, quien recordó que los populares registraron en noviembre una iniciativa para desvincular la revalorización de las pensiones del resto del paquete. Según el PP, si el Gobierno aceptara tramitar esa subida por separado, el problema quedaría resuelto.
Además, los populares cuestionaron el decreto relativo al transporte público y plantearon la necesidad de reflexionar sobre si esos recursos deberían destinarse a colectivos concretos o invertirse en seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria, especialmente tras el accidente de Adamuz.
Por su parte, Junts ha optado por no desvelar de forma explícita el sentido de su voto, aunque ha dejado entrever su rechazo a medidas que no hayan sido previamente pactadas de manera bilateral. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, criticó lo que considera una práctica habitual del Gobierno: utilizar a los pensionistas como elemento de presión política. En la misma línea que el PP, Junts registró su propia propuesta para actualizar las pensiones sin vincularlas a otros asuntos ajenos. Desde la dirección del partido de Carles Puigdemont señalaban este lunes que preferían esperar a ver qué decretos llegan finalmente al pleno para fijar su posición definitiva.
Mientras tanto, en el grupo socialista insistían en mantener abiertas las negociaciones hasta el último momento, sin descartar acuerdos, dada la relevancia de las medidas en juego. Ni el PSOE ni el Ejecutivo han aclarado qué pasos darán en caso de que los decretos no superen la votación y queden sin efecto.