(El Economista, 09-05-2024) | Laboral
Hoy en día, con 21 millones de personas empleadas (contribuyentes) y algo más de 9 millones de jubilados, el sistema de pensiones públicas en España (parte exclusivamente contributiva) ya enfrenta un déficit real, es decir, el gasto en pensiones contributivas supera los ingresos por cotizaciones sociales, con un déficit que supera los 50.000 millones de euros. Imaginen un escenario en el que los jubilados aumentaran en seis millones (un 60% más) y el número de empleados siguiera siendo el mismo que hoy: sería una verdadera pesadilla para la Seguridad Social, ¿verdad? Pues bien, esta pesadilla es el escenario base que la Comisión Europea prevé para España en 2050.
El desafío de pagar las pensiones de seis millones de jubilados adicionales con prácticamente el mismo número de empleados que en la actualidad es considerable. Este es el gran desafío (y agujero) al que se enfrentará el sistema de pensiones de España, cuya solución no será fácil ni indolora, a menos que ocurra algún tipo de milagro. El último informe sobre pensiones publicado por la Comisión Europea, el Ageing Report 2024, ha revelado este creciente desequilibrio, que se ha agudizado desde la 'reforma Escrivá' del sistema, evidenciando la necesidad de tomar medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.
En un apartado 'oculto' dentro del extenso informe de Bruselas, se puede observar la evolución prevista del número de empleados y jubilados en España. En 2022, el sistema mantenía a más de 9 millones de jubilados con 20,5 millones de empleados. Es decir, por cada dos empleados (aproximadamente) había un jubilado que 'mantener'. Desde 2022 hasta 2050, se proyecta un crecimiento vertiginoso del número de jubilados, que alcanza los 15,6 millones en 2050, mientras que el número de empleados se mantiene en 21,3 millones, un nivel muy similar al del mercado laboral español actual. En tres décadas, habrá un 60% más de jubilados que mantener con el mismo número de empleados que hoy, es decir, menos de 1,4 cotizantes por cada jubilado. Esto significa que la tasa de dependencia aumentará significativamente hasta alcanzar el 74%, frente al 49% actual.
A menos que ocurra un milagro de productividad, los caminos a seguir son bien conocidos: drásticos recortes en la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la pensión pública de jubilación respecto al último salario recibido), aumentos de impuestos y cotizaciones, o una combinación de ambos. "O logras una tasa de productividad que no se ha visto en España en los últimos 40 años, o el esfuerzo necesario para pagar las pensiones absorberá todos los recursos públicos", explica Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea. Un informe reciente de Enrique Devesa publicado por la Fundación BBVA señala que sería necesario incorporar a 2 millones más de personas al mercado laboral solo para 'contener' el déficit y evitar un agujero mayor.
La situación financiera del sistema se ha deteriorado notablemente en los últimos años debido al aumento natural del número de jubilados, pero también debido al efecto discrecional de las medidas adoptadas en la última 'reforma Escrivá'. El Ageing Report señala que "las medidas adoptadas en 2021 y 2023 (indexación de pensiones al IPC en detrimento del índice de revalorización de las pensiones, retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad...) han aumentado el gasto público en pensiones". Con el desaparecido Factor de Sostenibilidad, y la vinculación de las pensiones al IPC, el gasto podría superar incluso el 18% del PIB para mediados de siglo, lo que representaría el mayor esfuerzo en toda Europa.
España es, con diferencia, el país de la UE donde más ha aumentado el gasto en pensiones en comparación con el escenario de 2021. La reforma aumenta el gasto en pensiones en 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y en 5 puntos en 2070, lo que equivale a aproximadamente 1 punto porcentual más de gasto en pensiones por década. Por lo tanto, las reformas recientes no solo no han solucionado el problema, sino que además han abierto un nuevo frente: ahora se podría cuestionar incluso la sostenibilidad del sistema más allá de 2050. Antes de la 'reforma Escrivá', se consideraba que el sistema experimentaría un notable alivio a partir de 2050, pero Bruselas ya cuestiona ese punto. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo el de las próximas décadas: el sistema debe absorber a la generación del baby boom.