(El País, 27-10-2026) | Fiscal
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Ejecutivo prevé aprobar una deducción fiscal para evitar que la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) implique el pago efectivo del IRPF por parte de sus perceptores. No obstante, para que esta medida entre en vigor será necesario incorporarla a una norma con rango legal que deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
En una entrevista en la Cadena SER, Saiz ha señalado inicialmente que el Gobierno pretende aprobar el incremento del salario mínimo antes de las elecciones generales. Posteriormente, ha matizado que esa es la intención del Ejecutivo, aunque todavía debe concluir sus trabajos el grupo de expertos encargado de recomendar la cuantía de la subida. El Gobierno contempla un aumento cercano al 5% para 2027, mientras que los sindicatos reclaman un incremento del 7%. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas.
El Ministerio de Hacienda decidirá cómo articular la exención efectiva del salario mínimo una vez que se apruebe la nueva cuantía. Según las previsiones, el departamento que dirige Arcadi España podría mantener el mecanismo aplicado en la última actualización y recurrir a una deducción en la declaración de la renta, en lugar de modificar los umbrales de tributación o la reducción por rendimientos del trabajo. Esta última fórmula se utilizó durante años para adaptar el IRPF a los sucesivos incrementos del SMI.
Hasta 2024, las subidas del salario mínimo solían acompañarse de modificaciones en los límites del impuesto para evitar que los trabajadores que percibían esta remuneración comenzaran a tributar por el aumento de sus ingresos. Ese año, cuando el SMI alcanzó los 15.876 euros brutos anuales, Hacienda elevó hasta esa cantidad el umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes con más de un pagador estaban obligados a presentar la declaración. Desde entonces, este límite no se ha actualizado, pese a que el salario mínimo ha aumentado hasta los actuales 17.094 euros anuales.
En las últimas revisiones, el Gobierno ha optado por mantener los umbrales fiscales y establecer una deducción que compense el impuesto que correspondería pagar a los perceptores del SMI. De esta manera, pueden quedar exentos de tributación efectiva, aunque mediante un procedimiento diferente al utilizado anteriormente. Este sistema implica que los trabajadores deben presentar la declaración de la renta para recuperar las cantidades retenidas durante el ejercicio anterior, por lo que la compensación no se produce necesariamente en la nómina mensual.
La cuestión fiscal también ha generado un enfrentamiento político entre el Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante la entrevista, Saiz ha criticado las declaraciones del dirigente popular, que la semana pasada afirmó que el salario mínimo tributaba en el IRPF. La ministra ha defendido que el Ejecutivo ya había planteado la exención de esta renta en anteriores debates parlamentarios y ha recordado las discrepancias surgidas en 2025 sobre la fórmula que debía utilizarse para evitar su tributación efectiva.
El calendario para aprobar la nueva subida del SMI es ajustado. El Gobierno quiere que el incremento entre en vigor el 1 de enero de 2027 y que la decisión se adopte antes de las elecciones generales. La previsión es que la nueva cuantía se apruebe mediante un real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, con el del 24 de noviembre como última fecha prevista antes de los comicios.
Antes de tomar esa decisión, el Ministerio de Trabajo deberá recibir las recomendaciones del grupo de expertos integrado por representantes del ámbito académico, sindical y del propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, concedió el pasado 8 de octubre un plazo de tres semanas para que el grupo presentara sus conclusiones. Ese periodo concluye a finales de octubre, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de la próxima reunión.
El Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno debe tener en cuenta diversos indicadores para fijar el salario mínimo, entre ellos la evolución del índice de precios de consumo, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la situación económica general. Además, los expertos valoran otros objetivos, como la recomendación de la Carta Social Europea de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto y la necesidad de reducir la pobreza laboral.
El grado de cumplimiento de ese objetivo continúa siendo objeto de discrepancia entre los expertos, los sindicatos y distintos departamentos del Gobierno. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sostenido recientemente que el SMI ya representa el 60% del salario medio, después de acumular una subida del 66% desde 2018. Cuerpo también ha defendido que el próximo incremento se acuerde y anuncie antes de las elecciones para reducir la incertidumbre entre los trabajadores que perciben esta remuneración.
El proceso deberá resolver, por tanto, dos cuestiones relacionadas pero distintas: la cuantía de la subida del salario mínimo para 2027 y el mecanismo fiscal que permitirá evitar que ese incremento se traduzca en una mayor carga efectiva del IRPF para sus beneficiarios. Ambas decisiones deberán concretarse en las próximas semanas para que las nuevas condiciones puedan aplicarse desde el comienzo del próximo año.