(El País, 15-10-2025) | Laboral
España continúa alejándose de los países europeos más avanzados en varias variables económicas, y una de las más sensibles es la siniestralidad laboral. Según los últimos datos de Eurostat, publicados este martes, la incidencia de muertes en el trabajo en España -medida como el número de fallecimientos por cada 100.000 empleados- se sitúa en 1,71, ligeramente por encima de la media europea de 1,63, pero muy superior a la registrada en los países más seguros del continente, como Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).
Los datos corresponden a 2023 e incluyen también a Dinamarca (1,03), Bélgica (1,1), Irlanda (1,44) o Hungría (1,47), que presentan cifras más favorables que España. En cambio, algunas de las economías más pobladas reportan peores resultados, como Italia (2,01) y especialmente Francia (3,6), que registra la tasa más alta de la Unión Europea, acompañada por Bulgaria (3,51), Chipre (3,24) y Letonia (3,21).
Eurostat aclara que el dato francés requiere matices: el sistema de notificación de accidentes en Francia no distingue entre los siniestros cuya causa principal es la actividad laboral y aquellos que ocurren en el lugar de trabajo por otras razones. Esta metodología puede inflar artificialmente la cifra de accidentes laborales registrados en comparación con otros países.
Además, la incidencia de accidentes mortales depende en gran medida del peso que tienen los sectores más peligrosos en cada economía. La construcción concentró la mayor parte de las muertes en la UE durante 2023, con 792 fallecimientos, equivalentes al 24% del total (3.298). También hubo numerosos decesos en transporte (541), industria manufacturera (443) y agricultura (426). Por número de fallecimientos en relación con la plantilla, la minería es el sector más letal, con una incidencia de 11 muertes por cada 100.000 trabajadores en Europa y hasta 41 en España.
Por ello, los países con mayor presencia de estos sectores suelen registrar cifras más elevadas. Para corregir estas diferencias, Eurostat publica un índice de incidencia estandarizado, que ajusta el peso de cada actividad económica al promedio europeo, de manera que los fallecimientos en construcción, por ejemplo, tengan el mismo impacto en todos los países. Con este ajuste, los mejores resultados siguen siendo Países Bajos (0,6) y Alemania (0,91), mientras que los peores se dan en Chipre (5,63), Bulgaria (4,5) y Francia (4,42). España se sitúa en 2,28, ligeramente por encima de la media europea (2,07). Estos datos refuerzan la idea de que, más allá del sector, la cultura preventiva de cada país influye directamente en la mortalidad laboral.
Otra constante en la siniestralidad laboral es la brecha de género: los hombres representan el 95% de las muertes en el trabajo en Europa durante 2023. En España, la incidencia estandarizada por 100.000 empleados es de 3,43 en hombres frente a 0,25 en mujeres, reflejo de que los sectores con mayor riesgo están dominados por varones.
Patricia Ruiz, responsable de salud laboral en UGT, subraya que "la situación de España en muertes por accidente laboral es insostenible, incluso frente a países industrializados como Alemania, donde los datos son mejores que los nuestros".
Una lectura positiva es que España ha mejorado respecto a 2022, cuando la tasa era de 2,03 por cada 100.000 empleados, bajando a 1,71 en 2023. Sin embargo, los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran que en 2024 fallecieron 677 trabajadores, un aumento del 9,4% respecto al año anterior, muy superior al crecimiento del empleo, lo que evidencia la gravedad del problema.
Mariano Sanz, secretario confederal de salud laboral de CC OO, afirma que "no puede justificarse el aumento de accidentes por el crecimiento de la actividad". Señala que algunas grandes empresas aplican prácticas que debilitan la prevención, como la subcontratación para eludir responsabilidades legales.
Sanz añade que el reciente accidente en Madrid, con cuatro fallecidos en construcción, evidencia las debilidades estructurales del sistema preventivo español. Él y UGT llevan 20 meses negociando con el Ministerio de Trabajo y las patronales una reforma de la legislación de riesgos laborales, que aún enfrenta la oposición de algunas organizaciones empresariales.
Por su parte, Ruiz destaca que la normativa vigente, con más de 30 años, "no contempla riesgos del siglo XXI", como los relacionados con la salud mental, los entornos digitales, cuestiones de género ni los efectos del cambio climático. La propuesta del Ministerio, todavía sin consenso, aborda varias de estas cuestiones pendientes.