(Expansión, 10-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Los auditores de la Unión Europea advierten que continúan existiendo fallos en el control de los fondos Next Generation por parte del Gobierno español y consideran incumplida una de las reformas de pensiones previamente aprobadas por Bruselas. Las advertencias de las instituciones europeas a España en relación con la gestión de estos fondos se acumulan. Mientras la Comisión Europea insta al país a acelerar la ejecución de los compromisos pendientes antes de que finalice el plazo para acceder al dinero asignado, el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que persisten deficiencias en el sistema de supervisión de las ayudas, carencias en la justificación de los desembolsos solicitados e incluso el incumplimiento de uno de los hitos vinculados a la reforma de las pensiones que había sido validado por la Comisión.
Así lo recoge el Informe Anual sobre la Ejecución del Presupuesto de la UE de 2024, publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo. En él se incluyen auditorías sobre los fondos Next Generation, donde se detectan "irregularidades", algunas atribuidas directamente a España, con un impacto financiero creciente.
El aspecto más crítico del documento es la conclusión de que España habría incumplido uno de los compromisos relativos a la reforma del sistema de pensiones, pese a haber recibido el visto bueno de Bruselas. Este hecho pone en duda parte de los 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto pago de los fondos Next Generation, realizado en julio de 2024. El incumplimiento estaría relacionado con el hito 408 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que preveía la "adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", alargando dicho periodo. Esta medida fue una de las principales exigencias de la Unión Europea a España a cambio del plan de ayudas para la recuperación económica tras la pandemia de la Covid-19. El objetivo era reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema, haciendo que la pensión reflejara mejor la trayectoria laboral del trabajador en un mercado con interrupciones y lagunas cada vez más frecuentes.
El Tribunal de Cuentas Europeo señala que este objetivo se dio por cumplido con la entrada en vigor, el 1 de abril de 2023, del Real Decreto-ley que amplía los derechos de los pensionistas, reduce la brecha de género y establece un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. No obstante, los auditores puntualizan que el nuevo periodo de cálculo -que pasará de los últimos 25 años de cotización a los 27 mejores de los últimos 29- no se aplicará hasta 2026. "Consideramos que, para que el hito se cumpla satisfactoriamente, las disposiciones legales deben ser aplicables, es decir, deben haber entrado en vigor y no solo haberse aprobado o publicado", advierte el Tribunal. Además, critica la desviación temporal del compromiso, contraria al carácter "extraordinario y urgente" con que el Gobierno justificó su aprobación mediante Real Decreto-ley.
"Dado que los elementos relevantes de la normativa no habían entrado en vigor un año después del pago, concluimos que el hito no se había cumplido de forma satisfactoria", sentencia el Tribunal, que también reprocha a Bruselas la facilidad con que autorizó el desembolso vinculado a este objetivo. En este y en otros doce casos similares en distintos países, los auditores denuncian que "la Comisión no realizó las comprobaciones necesarias para verificar la fiabilidad de los datos y las evidencias presentadas". El informe también exige responsabilidades a los Estados miembros. "Detectamos deficiencias en las declaraciones de gestión" de cinco países, entre ellos España, que no aportaron pruebas suficientes del cumplimiento de los hitos y objetivos exigidos para recibir los fondos europeos, señalan los auditores.
Por último, el Tribunal concluye que "la trazabilidad de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no es sistemática en todos los Estados miembros", incluida España. Tras analizar las principales economías europeas, los auditores constataron que los sistemas de control en España y Francia "no garantizan la recopilación sistemática de datos sobre los gastos realizados por los perceptores finales de los fondos". Además, España comunicó los importes presupuestados en lugar de los efectivamente desembolsados al informar sobre los 100 mayores beneficiarios, contraviniendo los criterios de la Comisión Europea.