(El Economista, 15-04-2026) | Laboral
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que España debe adoptar medidas más eficaces frente al abuso de la temporalidad en el sector público, abriendo la posibilidad de convertir en fijos a los empleados interinos de larga duración o, en su defecto, compensarlos con indemnizaciones superiores a las actualmente previstas, cuyo máximo es de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades.
La sentencia indica que la normativa europea no obliga directamente a transformar estos contratos en indefinidos, pero sí exige a los Estados establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de abusos, algo que, según el tribunal, no ocurre en el caso español. En este sentido, el TJUE descarta las soluciones que se aplican actualmente, como la figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones vigentes o los procesos de estabilización, al considerar que no corrigen adecuadamente la situación. Así, reduce las alternativas a dos posibles vías: regularizar a los trabajadores afectados o compensarlos de forma suficiente.
El abogado Javier Arauz, que ha impulsado este caso, considera que la resolución apunta claramente hacia la conversión en fijos como solución principal. Sin embargo, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sostiene una interpretación distinta y afirma que la sentencia no obliga a modificar la legislación ni a convertir automáticamente en fijos a estos empleados.
El fallo responde a varias cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo en 2024, que buscaba aclarar si la normativa española -basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública- es compatible con el derecho europeo. También preguntaba si las medidas actuales, como declarar a estos trabajadores indefinidos no fijos o aplicar las indemnizaciones existentes, eran suficientes.
El TJUE no entra a interpretar la legislación nacional, pero insta al Supremo a evaluar si el sistema español cumple con la normativa europea. En este contexto, recuerda que ninguna de las medidas actuales resulta adecuada. Considera, por ejemplo, que la figura del indefinido no fijo perpetúa la precariedad, ya que el trabajador pierde su puesto cuando se cubre la plaza mediante un proceso selectivo.
Respecto a las indemnizaciones, el tribunal las considera insuficientes. La compensación de 20 días por año trabajado -prevista en la ley de 2021- y la de 33 días con tope de 24 mensualidades no garantizan una reparación completa ni proporcional al daño sufrido. Además, solo se aplican en determinados supuestos, lo que deja fuera a muchos trabajadores afectados.
También cuestiona los procesos de estabilización, al entender que no están diseñados específicamente para reparar el abuso, ya que pueden participar aspirantes sin esa situación y los afectados pueden no superarlos.
Ahora será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse nuevamente sobre cómo resolver este problema, con una sentencia que podría conocerse en las próximas semanas. Mientras tanto, miles de casos siguen en los tribunales, con trabajadores que reclaman una solución definitiva a su situación.