(El Economista, 05-03-2026) | Laboral
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha fijado el 14 de abril como la fecha en la que dictará una de las resoluciones más relevantes para España en materia laboral pública. Ese día decidirá si la Administración está obligada a convertir en fijos a los interinos y empleados públicos que hayan encadenado contratos temporales de manera abusiva.
La corte europea ya había apuntado esta posibilidad en sus sentencias del 22 de febrero y del 13 de junio de 2024, en las que abrió la puerta a la estabilización de estos trabajadores. No obstante, el Tribunal Supremo planteó una nueva cuestión prejudicial para que el TJUE aclarara el alcance de esos pronunciamientos. El alto tribunal español preguntó si la doctrina nacional, que impide la conversión automática en fijos de los interinos, es compatible con el derecho comunitario, recordando que la Constitución exige que el acceso al empleo público respete los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El pasado 9 de octubre, el Abogado General del TJUE presentó sus conclusiones, paso previo a la sentencia definitiva. En su dictamen señaló que el tribunal europeo no ha impuesto de forma directa la obligación de hacer fijos a estos empleados, aunque sí contempla esa solución si el ordenamiento español no prevé otra medida eficaz para corregir el abuso de la temporalidad y sancionar adecuadamente a la Administración.
Asimismo, consideró que la indemnización más elevada prevista actualmente en España -33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades en caso de despido improcedente- no sería suficiente para compensar el perjuicio sufrido por estos trabajadores.
La decisión del TJUE deberá aclarar, por tanto, si la conversión en indefinidos es obligatoria o si pueden establecerse mecanismos alternativos que resulten disuasorios frente al uso abusivo de contratos temporales y garanticen una reparación adecuada.
El pronunciamiento podría tener un impacto significativo: de los cerca de tres millones de empleados públicos -entre funcionarios, interinos y personal laboral- aproximadamente un 32% mantiene una relación temporal, lo que supone casi un millón de personas potencialmente afectadas.