(El Economista, 13-11-2026) | Fiscal
Cuando las actuaciones de inspección tributaria superan el plazo máximo legal de duración, el procedimiento no queda automáticamente anulado, sino que debe proseguir hasta su finalización. La principal consecuencia de este incumplimiento es que las actuaciones pierden su capacidad para interrumpir la prescripción, según establece el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución de 29 de septiembre.
El Tribunal señala que, una vez reanudado el procedimiento mediante un acto que tenga eficacia interruptiva de la prescripción, la Administración vuelve a estar sometida al plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras. En el caso analizado, este periodo es de 18 meses, conforme a la redacción del artículo 150.1 de la Ley General Tributaria (LGT) aplicable. Por tanto, la liquidación definitiva será válida siempre que se notifique antes de que finalice dicho plazo.
La pérdida del efecto interruptivo implica que el plazo de prescripción de cuatro años se considera que ha seguido transcurriendo sin interrupción. Así, si desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de declaración hasta la reanudación formal de las actuaciones han transcurrido cuatro años, el derecho de Hacienda a determinar la deuda tributaria habrá prescrito y ya no podrá exigir el pago correspondiente a ese ejercicio.
Además, la normativa establece otras consecuencias para la Administración cuando incumple el plazo máximo de inspección. En particular, no podrá exigir intereses de demora por el periodo comprendido entre el momento en que se supera el plazo legal y la reanudación formal de las actuaciones. De este modo, si finalmente procede practicar una liquidación, el importe de los intereses que deberá satisfacer el contribuyente será inferior.
La reanudación también obliga a Hacienda a respetar nuevamente el límite temporal de 18 meses para concluir el procedimiento y notificar la liquidación. Un nuevo incumplimiento puede comprometer definitivamente la actuación administrativa y permitir que la prescripción afecte a los ejercicios que todavía sean objeto de comprobación. En consecuencia, cuando la liquidación definitiva se notifica dentro de los 18 meses siguientes a la reanudación válida de las actuaciones, se cumplen los requisitos temporales exigidos por la normativa, siempre que el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria no haya prescrito.
Por tanto, el exceso de duración de la fase inicial de inspección no determina por sí mismo la nulidad de la liquidación final. Esta seguirá siendo válida si, tras una reanudación eficaz de las actuaciones, la Administración respeta el nuevo plazo legal y notifica la resolución dentro del periodo establecido.