(El Economista, 05-06-2026) | Laboral
Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en una de las señas más reconocibles de la política económica del Gobierno. El incremento desde los 735 euros mensuales de 2018 hasta los actuales 1.221 euros ha mejorado la capacidad adquisitiva de muchos trabajadores, aunque también ha alterado las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronal, ya que algunos convenios quedan desfasados pocos días después de firmarse cuando el salario mínimo fijado por el Ministerio de Trabajo supera las cantidades pactadas para las categorías más bajas.
Según un análisis elaborado por UGT y consultado por elEconomista.es, el SMI ya supera el salario base establecido para los puestos de menor categoría en el 45% de los convenios sectoriales publicados entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. En total, 43 de los 84 convenios publicados en el BOE durante ese periodo se ven afectados por esta situación, siempre que no se tengan en cuenta los complementos salariales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que las empresas deben garantizar al menos el importe del SMI a los trabajadores con jornada completa, aunque esa cantidad puede alcanzarse sumando salario base y complementos. Sin embargo, los sindicatos rechazan esta interpretación y pactaron con el Ministerio de Trabajo, en la última subida del SMI, introducir cambios para impedir que las empresas compensen o absorban determinados pluses salariales con el objetivo de evitar incrementos reales de sueldo.
Con este estudio, UGT pretende evidenciar que existe un número significativo de convenios cuyos salarios base se sitúan por debajo del mínimo legal vigente. Además, el sindicato insiste en la necesidad de retomar las negociaciones con CEOE y Cepyme para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el objetivo de establecer criterios salariales que eviten el "solapamiento" de categorías, una situación en la que trabajadores con distintos niveles de responsabilidad terminan percibiendo el mismo salario final: el SMI.
El Gobierno cerró el acuerdo con CCOO y UGT para elevar el salario mínimo el pasado 16 de febrero y lo publicó en el BOE dos días después. La subida, del 3,1%, dejó obsoletos algunos convenios recientemente firmados, como el de jardinería, publicado el 20 de enero, que fijaba un salario de 1.184 euros mensuales -el SMI de 2025- para categorías como peón y aprendiz sin antigüedad. Tras la actualización, las empresas del sector tuvieron que elevar esas nóminas hasta los 1.221 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
En la mayoría de los convenios, los complementos salariales por productividad, puesto de trabajo o pluses de convenio ya permitían alcanzar el salario mínimo, por lo que la subida no supuso un coste adicional inmediato para muchas empresas. Aun así, más de 45 sectores han experimentado un "aplanamiento" de las tablas salariales, un fenómeno que puede desincentivar que los trabajadores acepten puestos con mayores responsabilidades o exigencias si la diferencia retributiva acaba siendo mínima.
Las organizaciones empresariales, especialmente Cepyme, llevan años alertando de este efecto. Argumentan que el SMI fijado a nivel estatal ha llegado a representar más del 70% del salario medio en regiones como Extremadura o Canarias, así como del salario medio abonado por muchas pequeñas y medianas empresas. Desde el ámbito empresarial, las fuertes subidas impulsadas por el Ministerio de Yolanda Díaz se han interpretado como una interferencia en la negociación colectiva, al dejar sin efecto parte de los acuerdos alcanzados entre empresas y sindicatos.
Esta situación también afecta a los convenios de empresa. De los 25 acuerdos colectivos de este tipo publicados durante los cuatro primeros meses del año, nueve incluían salarios base inferiores al SMI en sus categorías más bajas, lo que representa un 36% del total. Como ocurre en los convenios sectoriales, no siempre implica un mayor coste para la empresa si el salario final ya alcanzaba los 1.221 euros gracias a los complementos, aunque sí obliga a revisar las tablas salariales cuando no es así.
Fuentes sindicales señalan que el porcentaje de convenios afectados ha aumentado progresivamente a medida que lo ha hecho el salario mínimo. Explican que muchos acuerdos salariales suelen pactarse en línea con el IPC, mientras que las subidas aprobadas por el Gobierno suelen situarse por encima de esa referencia, haciendo que el SMI termine imponiéndose sobre parte de los salarios pactados. Algunos convenios ya incluyen cláusulas de actualización automática en caso de que el salario mínimo supere las cantidades fijadas en las tablas, como sucede con el VII Convenio colectivo estatal del sector de aparcamientos y garajes, publicado recientemente en el BOE.
El acuerdo alcanzado en febrero entre el Gobierno y los sindicatos también contemplaba modificar la regulación del SMI para evitar que ciertos complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados. Los sindicatos consideran injusto que trabajadores que reciben pluses por peligrosidad u otras condiciones especiales dejen de percibirlos de forma diferenciada.
El Ejecutivo tenía previsto introducir esta reforma a través de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, pero los sindicatos aseguran que no han recibido novedades sobre el texto desde hace meses. Mientras tanto, CEOE ya ha advertido de que recurrirá la medida ante los tribunales si finalmente sale adelante. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa tratando de sacar adelante el real decreto para reformar el registro horario, después de que el Consejo de Estado emitiera observaciones negativas apoyadas en informes del Ministerio de Economía.