(El Economista, 20-11-2025) | Laboral
Entre 2013 y 2024, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha exigido a 108 empresas la devolución de 1.117 millones de euros por realizar despidos colectivos que afectaron a 32.241 empleados mayores de 50 años, a pesar de obtener beneficios. De esa cantidad, ya se han recuperado 1.077 millones. Esta obligación deriva de la conocida como enmienda Telefónica, que impone a las compañías el deber de compensar al Estado por el gasto en prestaciones y subsidios asociados a estos procesos, considerados en muchos casos como prejubilaciones encubiertas financiadas con fondos públicos.
En comparación con 2023, las reclamaciones han aumentado en 77 millones, los ingresos en 80 millones y se han contabilizado 988 trabajadores sénior despedidos adicionales. El número de empresas implicadas ha pasado de 102 a 108. No obstante, conviene recordar que estos expedientes avanzan con extrema lentitud: en 2023 había 19 compañías con procesos abiertos y en 2024 la cifra ha subido a 27. Además, los ERE de grandes empresas suelen prolongarse durante años, lo que retrasa aún más la sanción económica respecto al momento en que se producen las salidas.
De acuerdo con los datos recién difundidos por el SEPE, el 28 % del total recuperado -305 millones- procede del ERE presentado por Telefónica en 2011. Es el único caso en el que se especifica cuántos trabajadores fueron afectados. Sin embargo, estas cifras no incluyen el último ajuste de plantilla de la operadora, acordado a finales de 2023 y que empezó a ejecutarse en 2024.
Precisamente ese ERE fue el detonante que llevó al Gobierno del PSOE a reformar la ley mediante la enmienda Telefónica, que obliga a las empresas a compensar al Tesoro por el coste de las prestaciones derivadas de despidos centrados en trabajadores de más edad. No obstante, el procedimiento para calcular y exigir dichas cantidades no fue desarrollado por el SEPE hasta 2013, ya bajo el mandato del PP. Los datos no recogen despidos en compañías con pérdidas ni despidos individuales, pero sí ofrecen una imagen clara de los mecanismos utilizados por las empresas para reducir plantilla.
Telefónica no es la única compañía con aportaciones importantes. También destacan CaixaBank (186 millones), Bankia (78 millones), Iberia (65 millones), Ibercaja (43 millones), Unicaja Banco (26 millones), Santander (23 millones) y Barclays (21 millones). Todas estas cifras se mantienen exactamente igual que hace un año, ya que se trata de procesos ya cerrados. El SEPE no detalla cuántos trabajadores fueron afectados en cada caso.
El resto de las empresas -un centenar- permanecen en el anonimato, ya que no se facilita información sobre las cantidades reclamadas, ingresadas o los despidos sancionados. Esto resulta paradójico, dado que la medida tenía como objetivo disuadir a las compañías de recurrir a estas prácticas, habituales antes de las prejubilaciones financiadas indirectamente por el Estado.
Esta falta de transparencia es aún más destacable porque los datos se concentran sobre todo en un único ERE cuyo pago al Tesoro se completó en 2020, tras un complejo proceso que duró siete años y en el que su peso sobre el total pasó del 87 % al 28 %.
Aunque los diferentes Gobiernos han evitado divulgar más información que la estrictamente obligatoria por vía parlamentaria, el análisis de los informes del SEPE muestra que la aplicación de la enmienda Telefónica estuvo plagada de dificultades. De hecho, la recaudación estuvo paralizada entre 2016 y 2017 por "falta de medios materiales y humanos en el SEPE".
A partir de 2019 se observa el mayor aumento, aunque no está claro si se debe solo a más casos o también a una mejora del sistema, que podría haber detectado despidos no reclamados de años anteriores. En cualquier caso, los datos muestran que la tendencia al alza no se ha frenado en los años posteriores.