(El Economista, 19-06-2025) | Laboral
Durante los primeros cinco meses del año, se ha observado una disminución en los niveles de conflictividad social, aunque esto no ha impedido que se pierdan más de tres millones de horas laborales debido a las huelgas convocadas en ese periodo. De ese total, un 73,8% corresponde al sector público, donde ha aumentado ligeramente el número de paros impulsados por los representantes sindicales en comparación con 2024. Además, la cantidad de horas de trabajo perdidas en este ámbito triplica la registrada en el sector privado.
Entre enero y mayo, los empleados de organismos y servicios públicos interrumpieron su actividad durante más de 2,36 millones de horas, lo que supone una media mensual cercana al medio millón de horas perdidas. En contraste, en el sector privado se registraron 781.220 horas de trabajo no realizadas, una cifra considerablemente menor que representa apenas una tercera parte de la pérdida acumulada en el ámbito público.
No obstante, el total de horas perdidas hasta ahora está lejos de los máximos registrados en años anteriores. El récord reciente se alcanzó en 2023, cuando en el sector público se dejaron de trabajar más de nueve millones de horas, mientras que el sector privado no llegó a los 1,3 millones, en un contexto marcado aún por los efectos de la pandemia y la aplicación de los ERTE.
Según el último informe de la CEOE sobre Negociación Colectiva, tanto en el sector público como en el privado se ha reducido significativamente la conflictividad en comparación con el año pasado. En el caso del sector privado, el descenso ha sido del 53,15%, frente al 32,8% registrado en el ámbito público. Voces empresariales atribuyen esta mejora al buen funcionamiento de la negociación colectiva y a las condiciones laborales que se están pactando en los convenios, lo cual estaría favoreciendo un entorno de mayor estabilidad.
También se destaca la influencia positiva del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2023 por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, y vigente hasta finales de 2025. Este acuerdo sirve como referencia para las negociaciones de convenios en todo el país. Desde su firma, el número de huelgas ha descendido progresivamente: de 173 procesos en mayo de 2023, se pasó a 145 en 2024 y ahora se sitúan en 134.
En el sector público también se observa una reducción, con 97 procesos registrados en 2025 frente a los 94 del año anterior, aunque muy por debajo de los 173 de 2023. Sin embargo, el origen de estos descensos varía. En 2023, muchas huelgas estuvieron motivadas por la celebración de elecciones autonómicas y generales, lo que llevó a los gobiernos a intentar resolver conflictos históricos -como los de los trabajadores de la Seguridad Social o de Justicia- antes de las urnas.
En términos estructurales, los conflictos en el sector público están muy vinculados a la alta tasa de temporalidad, que duplica la del sector privado. Mientras que la reforma laboral ha reducido de forma drástica el uso de contratos temporales en las empresas privadas, promoviendo contrataciones indefinidas -ya sean ordinarias o fijas-discontinuas-, la administración pública sigue lidiando con cifras de temporalidad superiores al 30%, a pesar del compromiso de reducirlas al 8%.
El Ejecutivo ha empezado a tomar medidas para revertir esta situación, que afecta no solo a la Administración General del Estado (AGE), sino también a comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde Función Pública se impulsa, en colaboración con la FEMP, una serie de planes estratégicos de personal destinados a limitar la contratación eventual y a establecer criterios más rigurosos para justificar estos contratos, según informó El País.
Paralelamente, el equipo liderado por Óscar López prepara una oferta histórica de empleo público, con el objetivo de reforzar los servicios públicos. No obstante, los sindicatos insisten en que también se debe planificar la cobertura de las vacantes que quedarán disponibles en la próxima década debido al elevado número de jubilaciones previstas.
Pese a estos avances, gran parte de las protestas recientes se debe al retraso del Gobierno en aplicar la subida salarial del 0,5% acordada para 2024, incluida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Además, continúan las reivindicaciones relacionadas con la jubilación parcial y con la mejora de las condiciones laborales, como ha sucedido recientemente con las movilizaciones del personal sanitario.