(Expansión, 16-02-2026) | Laboral
Agricultores y ganaderos aseguran que las elevadas cargas laborales derivadas de las políticas del Ejecutivo de PSOE y Sumar les impiden competir en igualdad de condiciones con los productos procedentes del exterior. Entre las protestas del sector que bloquearon el centro de Madrid la pasada semana destacó la denuncia de que los costes laborales -impulsados por las sucesivas subidas del salario mínimo por encima de la inflación y por el aumento de las cotizaciones sociales- encarecen notablemente la contratación del personal necesario para mantener las explotaciones, cuya rentabilidad disminuye año tras año.
Según el sector agrario, cuando entre en vigor el nuevo incremento del SMI de este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero -acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz junto a los sindicatos-, el coste total de un jornalero (salario, cotizaciones y seguros) será diez veces mayor que en Marruecos y alrededor de un 30% más alto que en Portugal. Aunque el salario mínimo también ha aumentado en otros países del euro, solo en Europa del Este lo ha hecho con una intensidad comparable. Entre los grandes productores agrícolas, únicamente Francia supera a España en salario mínimo, pero su crecimiento porcentual desde 2016 ha sido aproximadamente la mitad.
Si bien esta situación no afecta únicamente al campo, su impacto es especialmente acusado en el sector primario. De hecho, cerca de un 31% de los trabajadores beneficiados por la subida del SMI en 2025 -del 4,4%, casi el doble de la inflación media- pertenecían a la agricultura, donde la mano de obra supone aproximadamente el 45% de los costes de producción. Esto ha provocado que los costes unitarios del sector crezcan más rápido que los de la industria, favoreciendo el abandono de tierras y el traslado de parte de la producción a países con menores gastos operativos, principalmente Marruecos.
Las organizaciones agrarias han solicitado en repetidas ocasiones a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, y al ministro de Agricultura, Luis Planas ayudas o incentivos que compensen el impacto de estos costes, ya que la fuerte competencia internacional les impide repercutir plenamente el encarecimiento en los precios finales. Sin embargo, aseguran que sus peticiones no han sido atendidas.
Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe vender por debajo de los costes de producción, en la práctica muchas explotaciones apenas obtienen beneficios. Esta situación genera especial inquietud ante la posible entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur -integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, que podría introducir en el mercado europeo productos a precios con los que los productores españoles difícilmente podrían competir.
A las cargas laborales se suma el aumento de los costes de insumos, especialmente fertilizantes, piensos y semillas. Aunque estos precios se han moderado respecto al máximo alcanzado a finales de 2022, todavía se sitúan alrededor de un 20% por encima de los niveles previos a la guerra de Ucrania, lo que agrava la pérdida de competitividad.
Ante la delicada situación del campo, agravada por los temporales recientes, el ministro Luis Planas ha mostrado su disposición a flexibilizar la aplicación de la PAC, revisar los módulos fiscales del IRPF agrario y asegurar contingentes de trabajadores temporales extranjeros para campañas estacionales. No obstante, con una estructura de costes fijos cada vez más condicionada por las decisiones gubernamentales, el sector considera complicado recuperar su competitividad.