(El Economista, 11-05-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción continúan siendo las más perjudicadas por los retrasos en los pagos en España. Su Periodo Medio de Pago (PMP) alcanza ya los 96,5 días, una cifra muy superior a la media nacional y que refleja la elevada presión financiera que soporta esta actividad en un contexto donde la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, los plazos registrados por la construcción al cierre de 2025 no se observaban desde comienzos de 2024.
El dato aparece recogido en el Observatorio de la Morosidad correspondiente al segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, que destaca que el sistema de pagos comerciales ha mostrado una mejora progresiva en los últimos cinco años. Desde 2019, antes de la pandemia, el PMP acumuló una reducción cercana al 4%, permitiendo cerrar 2025 en 80,5 días. Sin embargo, este nivel continúa situándose un 34% por encima del límite legal fijado en 60 días.
En el corto plazo, la mayor reducción anual de los últimos años se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP descendió 0,9 días, equivalente al 1,09%. El informe atribuye esta mejora al intento de muchas empresas de evitar la pérdida de valor de sus facturas en un entorno de elevada inflación. Pese a la evolución positiva del conjunto de la economía, la mejora no ha sido homogénea. Las pequeñas empresas se desmarcaron de la tendencia general y registraron un ligero aumento de sus plazos de pago, que se situaron en 78,9 días.
Las microempresas siguen siendo el segmento más vulnerable. Presentan el índice de morosidad más elevado del mercado, un 17% superior a la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso sobre el vencimiento, una proporción que duplica la registrada entre medianas y grandes compañías. Mientras el resto de pymes ha logrado reducir sus tiempos de cobro desde 2019, las microempresas han seguido la tendencia contraria: en 2025 cobraban con 2,8 días más de demora que antes de la pandemia.
Por actividades, las diferencias siguen siendo muy acusadas. La construcción encabeza los mayores retrasos, aunque otros segmentos industriales, como el de maquinaria y equipo, también mantienen cifras elevadas, con un PMP de 88,8 días y niveles superiores a 85 días de forma continuada durante los últimos tres años. En cambio, los sectores servicios e industria han conseguido acortar sus ciclos de cobro hasta los 70,6 y 74,3 días, respectivamente.
Aunque los plazos se han reducido en términos generales, el coste financiero derivado de mantener deuda comercial continúa siendo muy elevado. A finales de 2025, el esfuerzo total asociado a esta carga ascendía a 5.568 millones de euros. De esa cifra, cerca de 2.000 millones correspondieron a las pymes, lo que sigue limitando su capacidad de inversión pese a la reducción experimentada respecto a ejercicios anteriores.
La caída de este coste financiero -desde los 6.404 millones registrados en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año- se explica principalmente por la evolución de la política monetaria. El interés de demora bajó del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos créditos bancarios para pymes descendió cerca de un punto porcentual.
Esta mejora permitió compensar parcialmente el aumento de la deuda comercial, que creció al mismo ritmo que el PIB nominal, cuyo avance fue del 5,7%. Uno de los factores que más contribuyó a la reducción del PMP nacional fue el ajuste realizado por las grandes empresas en sus plazos de pago. Este segmento logró reducirlos en 32,1 días respecto al año anterior, pasando de 101,5 días a finales de 2024 a 69,4 días al cierre de 2025.
El comportamiento de las grandes compañías contrasta con la estabilidad observada en las pymes y resultó determinante para que el promedio nacional descendiera por primera vez de forma sostenida por debajo de los 81 días. En estas empresas de mayor tamaño, el 80,1% de los cobros se produce dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, lo que explica que concentren el menor volumen de retrasos prolongados de todos los segmentos analizados.
El informe también refleja importantes diferencias territoriales. Ocho comunidades autónomas lograron reducir su PMP durante el último año, destacando especialmente La Rioja y Illes Balears, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. En el lado contrario, Extremadura registró el peor comportamiento, al aumentar sus plazos de pago en 5,3 días. Por regiones, la Comunidad de Madrid presenta el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Región de Murcia, con 89,1 días, y Galicia, con 88,7. En contraste, Aragón y Baleares destacan como las comunidades más ágiles en los pagos, con 68,7 y 69 días, respectivamente.
En cuanto al comportamiento de los pagos, el porcentaje de facturas abonadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% del año anterior. No obstante, el peso de los cobros realizados con retrasos superiores a 90 y 120 días sí logró moderarse ligeramente. Por último, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia descendente que mantenía desde 2023 y repuntó en el cuarto trimestre, pasando de 52,9 a 54,1 puntos.