(El Economista, 30-09-2025) | Laboral
Aunque la norma que planteaba la reducción de la jornada ya incluía las bases principales de la reforma del registro horario, dejaba para más adelante la concreción de los detalles, que todavía no han sido definidos. Aun así, se sabe que los datos deberán ser objetivos, fiables e interoperables, lo que ha generado inquietud entre las organizaciones empresariales, que consideran esa información muy sensible para la actividad interna de las compañías. Hasta que se aclare cómo se implementará el nuevo sistema, advierten de posibles riesgos de ciberataques. Para prevenirlos, el Gobierno prevé recabar el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.
Los despachos de abogados también han alertado sobre los peligros vinculados a la forma en la que se recopilen estos registros. Desde RocaJunyent recuerdan que la Agencia ya señaló en 2021 que el sistema debía ser lo "menos intrusivo posible", no estar en un lugar visible ni ser de acceso público, y que la información recogida solo podía destinarse al control horario. Además, la normativa europea prohíbe que se base en la obtención de datos biométricos.
En un análisis elaborado a partir de la anterior propuesta legislativa, el bufete planteaba que el registro digital se configuraría como una aplicación o programa al que cada trabajador accediera con una clave personal. El Ministerio de Trabajo ha adelantado que será el propio empleado quien introduzca sus fichajes, de forma que quede constancia si son modificados posteriormente por un superior y por qué razones. Lo que aún no está claro es si se ofrecerá un software público o si se permitirá a las empresas optar por soluciones privadas que cumplan los requisitos.
Desde Gómez-Acebo & Pombo advierten de que esta novedad añade una exigencia adicional para las compañías, muchas de las cuales no están preparadas para un control digital de este tipo. Lourdes López, catedrática de Derecho del Trabajo y consejera del despacho, subrayaba recientemente que, en un país donde predominan las pymes con recursos limitados y con dificultades de acceso remoto, esta medida supone una carga más, pese a que facilite la labor de los inspectores.
Otros bufetes interpretan este refuerzo de las obligaciones como un nuevo freno a la competitividad empresarial en un contexto de encarecimiento de los costes laborales. Por ahora, las estimaciones sobre el esfuerzo que deberán realizar las empresas para digitalizar este control varían: aunque se calcula que el gasto medio rondaría los 10 euros mensuales por empleado, la cifra final dependerá del tamaño de cada plantilla.