(Expansión, 23-04-2024) | Fiscal
Una nueva fase de la disputa fiscal entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) llega hoy al Tribunal Constitucional. Tras la confrontación judicial desencadenada por la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, finalmente respaldado gracias al bloque progresista de sus magistrados, el tribunal ha decidido en el último momento ampliar su agenda del Pleno que comienza hoy para evaluar si admite a trámite el recurso del Ejecutivo contra la proposición de ley impulsada por el PP, aprovechando su mayoría en el Senado, para derogar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Específicamente, el Tribunal Constitucional ha incluido en el orden del día del Pleno que comienza hoy el recurso presentado por el Consejo de Ministros el 20 de enero pasado en contra del acuerdo de la Mesa del Senado del 21 de noviembre de 2023, posteriormente ratificado el 18 de enero de este año, por el cual se tomó en consideración para su tramitación la proposición de ley de derogación de la Ley 29/1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Inicialmente, el Gobierno intentó detener la iniciativa en la Cámara Baja enviando requerimientos a la Mesa y a su presidente, Pedro Rollán, quienes rechazaron la solicitud. Ante esta situación, el Ejecutivo central decidió acudir al Tribunal Constitucional, que hoy decide si admite a trámite su recurso.
Hacienda ha fundamentado su recurso en el artículo 134.6 de la Constitución Española, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Esta capacidad de veto sobre las iniciativas legislativas que afectan a los ingresos públicos es utilizada frecuentemente por el Ejecutivo y forma parte del conflicto judicial de fondo entre Hacienda y el PP sobre la naturaleza de esta figura.
Aunque el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, su eliminación tendría un impacto directo en las arcas autonómicas, no en las estatales. En este contexto, las comunidades autónomas podrían acabar solicitando al Estado una compensación por la pérdida de recursos.
La recaudación en juego asciende a unos 2.800 millones de euros anuales, aunque esta cifra podría ser mayor ya que los ingresos por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones alcanzaron los 3.200 millones en 2021, el último año con datos oficiales disponibles.
En los últimos años, este tributo ha sido objeto de importantes reducciones fiscales de forma generalizada, especialmente en las regiones gobernadas por el PP, lo que ha ampliado las diferencias territoriales. Por ejemplo, una herencia de 800.000 euros recibida por un soltero de 30 años puede estar exenta de impuestos en Andalucía, Baleares, Galicia o Cantabria, pero puede costar 103.134 euros en Asturias, 55.466 en Aragón o 44.569 en Cataluña, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Una donación similar puede ser fiscalmente neutra en Cantabria pero generar una factura tributaria de 200.000 euros en Extremadura.
En este contexto, algunos proponen establecer un impuesto estatal mínimo que elimine las bonificaciones autonómicas en Sucesiones, similar a lo hecho con el Impuesto a Grandes Fortunas sobre Patrimonio. Hacienda, por el momento, ha descartado esta opción, pero confía en mantener vigente el Impuesto de Sucesiones frente a los intentos del PP de abolirlo, en un tribunal que ya respaldó su tributo a las Grandes Fortunas con siete votos progresistas contra cuatro conservadores.