(Expansión, 09-11-2026) | Laboral
Ante el aumento del absentismo laboral, cuyo impacto económico se calcula en unos 92.000 millones de euros al año, una de las principales propuestas del programa electoral del Partido Popular para las elecciones del próximo 29 de noviembre será intensificar la lucha contra el fraude en las bajas laborales. Se trata de una de las medidas con las que Alberto Núñez Feijóo pretende llegar a la presidencia del Gobierno.
El programa de los populares también contempla reforzar el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en la gestión de la incapacidad temporal, una iniciativa que se desarrollaría en el marco del diálogo social. El objetivo, según recoge el documento, es agilizar la tramitación de las bajas mediante la mejora de los procedimientos, una mayor fundamentación de los criterios médicos y un intercambio más eficaz de información. Además, el PP plantea crear un mecanismo que incentive a las empresas que gestionen de manera más eficiente los procesos de incapacidad temporal de sus trabajadores.
En paralelo, la formación se compromete a perseguir los casos de fraude de quienes recurren indebidamente a las bajas para dejar de trabajar y percibir prestaciones a las que no tienen derecho. Feijóo ha insistido en esta cuestión durante los últimos meses y ha llegado a calificar el absentismo injustificado como un «cáncer». A principios de octubre, el líder popular aseguró que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez a la presidencia del Gobierno, una media de 450.000 personas faltaba diariamente a su puesto de trabajo. En 2025, según sus datos, la cifra habría alcanzado los 1,2 millones, mientras que el gasto asociado habría pasado de 13.000 a 31.000 millones de euros durante los años de gobierno socialista.
Las estimaciones sobre el impacto económico del absentismo varían según los conceptos incluidos. El último Observatorio de Absentismo Laboral de Aecoc calcula que su coste directo alcanzará los 36.000 millones de euros este año. Sin embargo, si se incorporan las pérdidas de productividad ocasionadas por las ausencias, el importe total podría elevarse hasta los 92.000 millones. Frente a las medidas de control del fraude, Feijóo también propone mejorar la protección de quienes padecen enfermedades graves o de larga duración, con bajas que se prolonguen entre seis y 24 meses. En estos supuestos, el programa contempla elevar la prestación hasta el 100% de la base reguladora.
Otra de las líneas de actuación del programa popular se dirige a facilitar la actividad empresarial mediante una mayor armonización de los requisitos administrativos en todo el territorio nacional. Para ello, el PP propone establecer por ley unas condiciones comunes, adaptadas a cada sector, para desarrollar actividades económicas en España. De este modo, las licencias, autorizaciones o inscripciones concedidas por una comunidad autónoma serían válidas en aquellas otras que compartan los mismos requisitos. Cualquier exigencia adicional de una Administración autonómica tendría que estar justificada y resultar proporcionada.
Con el propósito de evitar diferencias injustificadas entre territorios a la hora de conceder permisos y licencias, Feijóo plantea otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) capacidad para acudir a los tribunales cuando las comunidades autónomas mantengan obstáculos que dificulten innecesariamente el ejercicio de actividades empresariales.
El programa también incluye medidas para favorecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, principalmente mediante la reducción de cargas administrativas. El PP se compromete a que las nuevas obligaciones para las pymes no sean aplicables hasta que hayan acumulado cuatro años de crecimiento y a establecer incentivos que permitan aumentar el tamaño medio de las empresas españolas.
Los populares consideran que las compañías que empiezan a crecer se encuentran con mayores exigencias, controles y costes administrativos, lo que puede desincentivar su expansión. Esta situación, conocida como la «maldición del empleado 50», lleva a algunas empresas a renunciar a aumentar sus plantillas para evitar las nuevas obligaciones que implica superar determinados umbrales de trabajadores. Para corregir este problema, el PP propone revisar los límites nacionales que determinan la aplicación de estas exigencias, simplificar los trámites de las empresas con hasta 250 empleados y establecer incentivos fiscales, laborales, administrativos y relacionados con la contratación para las sociedades que incrementen su dimensión.
Los trabajadores autónomos también tendrán un apartado específico en el programa electoral. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de presentar las declaraciones tributarias cada seis meses, en lugar de hacerlo trimestralmente. Asimismo, el PP propone eximirles del pago de cotizaciones y de la obligación de presentar declaraciones durante el primer año de actividad. A estas iniciativas se suma la implantación del régimen de IVA franquiciado, que permitiría a los autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros optar por no repercutir IVA a sus clientes ni ingresar el impuesto en Hacienda. A cambio, tampoco podrían deducirse el IVA soportado en sus compras y gastos.
Por último, en materia tributaria, el Partido Popular plantea reformar el Impuesto sobre Sociedades para estimular la inversión empresarial mediante mecanismos como la libertad de amortización y las deducciones fiscales. También pretende impulsar las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), al considerar que el aumento de la capacidad innovadora resulta fundamental para mejorar la productividad y favorecer el crecimiento de los salarios.