(El Confidencial, 02-07-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Las primeras estimaciones de las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado desde este martes tres días de huelga en las carreras judicial y fiscal cifran en un 75 % el seguimiento de los paros hasta la una. El cómputo ha sido recabado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
El dato será el único disponible, dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General no consideran convocada la huelga. Por su parte, el Ministerio de Justicia, que es quien abona las nóminas, ha intentado pedir a ambos organismos los datos de los que dispongan para descontar los días de parón. La huelga se ha convocado por el malestar generado por las últimas reformas legislativas del ministro Félix Bolaños.
Sus motivos quedaron reflejados en el manifiesto leído en la concentración -también masiva- celebrada este sábado frente al Supremo. "El Estado de Derecho no es de izquierdas ni de derechas. Es de todos", avisan. Para los convocantes, lo que está en riesgo con esas medidas es la independencia judicial, que consideran clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea.
Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que están reaccionando. Aseguran que el primero es un proyecto que no responde a demanda social alguna y que, además, está siendo tramitado por vía de urgencia sin ninguna razón para ello, "como no sean las prisas que impone la actualidad informativa", cuajada de casos de corrupción.
A través de él se va a rebajar "la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración". Asimismo, "pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces". Por otro lado "pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país".
A la vez, el Ejecutivo impulsa un segundo anteproyecto, destinado a introducir novedades en la Fiscalía. "Se quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", avisan las asociaciones. A la vez, se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes. "Fiscales a los que, en estas condiciones, se les quiere dar dos cosas: el mando de la policía judicial (UCO y UDYCO incluidas) y la investigación de los delitos, en sustitución de los jueces de instrucción", concluyen.