(El País, 30-12-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron el pasado 15 de diciembre un acuerdo para ampliar el permiso por fallecimiento hasta los diez días, frente a los dos actuales -ampliables a cuatro- que contempla la normativa vigente. En la reunión en la que se cerró el pacto no estuvieron presentes CEOE ni Cepyme, ya que el propio departamento dio por finalizadas las conversaciones con las patronales una semana antes, ante la falta de acercamiento entre las posiciones. Esa negativa de las organizaciones empresariales a respaldar el acuerdo conecta directamente con el rechazo del PP. Fuentes del principal grupo parlamentario aseguran que no apoyarán la iniciativa al no contar con el aval de todo el diálogo social. Ante este escenario, Trabajo baraja llevar la medida al Consejo de Ministros en forma de decreto ley, lo que permitiría su entrada en vigor inmediata, aunque quedaría sin efecto si posteriormente no es convalidada por el Congreso.
Desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del PP, el partido mantiene una línea clara en materia laboral y de Seguridad Social: solo respalda aquellas iniciativas que cuentan con el apoyo conjunto de sindicatos y patronales, y se opone a las que el Gobierno pacta únicamente con una de las partes. Esa lógica se aplicó en el principal acuerdo de la legislatura hasta la fecha, el tramo final de la reforma de pensiones, negociado por la Seguridad Social con empresarios y sindicatos y que recibió el respaldo del PP en el Congreso. Dicho acuerdo fue firmado en septiembre de 2024 y contó con el voto favorable del grupo popular en enero de este año.
Algunos aspectos de ese pacto suscitaron recelos en las centrales sindicales y críticas desde sectores de la izquierda, especialmente por el refuerzo del papel de las mutuas en determinadas bajas y por los incentivos al retraso de la jubilación. Aun así, Sumar decidió asumir el acuerdo y cerrar filas, pese a reconocer internamente las dificultades que entrañaba su posición.
Desde abril de 2022, cuando Feijóo tomó las riendas del PP, no se han producido nuevos grandes acuerdos tripartitos. El resto de pactos se han cerrado solo con los sindicatos, como ocurrió con la reforma de pensiones de 2023 -centrada en aumentar los ingresos del sistema- o con la propuesta de reducción de la jornada laboral. La primera logró salir adelante antes de las elecciones de verano de 2023, mientras que la segunda fue rechazada en el Congreso por la mayoría formada por PP, Vox y Junts tras esos comicios.
Unos meses antes del relevo en la dirección del PP, en febrero de 2022, el Congreso votó la reforma laboral, el cambio más profundo en esta materia durante el mandato de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz al frente de Trabajo. Aquella reforma contaba con el respaldo de patronales y sindicatos, pero fue rechazada por el PP, entonces liderado por Pablo Casado. Solo el voto erróneo de uno de sus diputados evitó que el proyecto fuera derrotado.
En la actualidad, el PP confirma que no respaldará la ampliación del permiso por fallecimiento, lo que deja la iniciativa en manos de la mayoría que apoyó la investidura. Dentro de ese bloque, los partidos de perfil más conservador son PNV y Junts. El grupo vasco reconoce haber recibido el texto remitido por Trabajo, pero asegura que aún lo está estudiando y evita pronunciarse. Junts, por su parte, no ha respondido a las consultas y mantiene su distanciamiento del Gobierno tras consultar a sus bases, un distanciamiento que ya se tradujo en el rechazo a la reducción de jornada y en una dura oposición a la reforma de las cuotas de los autónomos.
Trabajo valora impulsar la medida mediante decreto ley, una vía distinta a la seguida con la reducción de jornada, que se tramitó como anteproyecto de ley y alargó los plazos hasta su debate parlamentario. En ambos casos, no obstante, el objetivo del departamento que dirige Yolanda Díaz es evidenciar qué fuerzas políticas apoyan las iniciativas y cuáles las rechazan, en un Congreso con mayoría de derechas donde resulta complicado sacar adelante propuestas de este tipo, especialmente sin el respaldo empresarial.
Las relaciones entre el ministerio y la patronal atraviesan su periodo más prolongado sin acuerdos, con más de un año y medio sin cerrar ningún pacto. De los seis acuerdos firmados en la legislatura, CEOE y Cepyme solo han respaldado uno, restándole además relevancia pública. La situación contrasta con la legislatura anterior, marcada por la pandemia, en la que el diálogo social logró consensos en 12 de 17 ocasiones. En este contexto, Díaz y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se acusan mutuamente de actuar por intereses electorales: ella sostiene que él bloquea los acuerdos para reforzarse de cara a las elecciones internas de 2026, mientras que él afirma que la vicepresidenta busca titulares sin una verdadera voluntad de consenso.
El texto acordado por Trabajo y los sindicatos plantea una modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a descansos, festivos y permisos. Incluye un nuevo apartado que reconoce "diez días hábiles por duelo" en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, que podrán disfrutarse de forma flexible durante los 28 días posteriores al deceso.
Asimismo, la propuesta contempla hasta 15 días hábiles para el cuidado de familiares en situación de cuidados paliativos. Aunque el ministerio estudió que una parte de este permiso pudiera ser financiada con fondos públicos -como reclamaban las patronales-, finalmente esa opción no se incorporó al texto, según subrayan fuentes sindicales, debido a la falta de implicación empresarial. El proyecto también introduce un permiso específico para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Como en otros casos, Trabajo y los sindicatos asumen que el texto podría sufrir cambios durante su tramitación parlamentaria, aunque esas posibles modificaciones no fueron suficientes para atraer el apoyo de Junts en iniciativas anteriores.
Las patronales, tras la última reunión en la que participaron, rechazaron de plano la propuesta. En un comunicado, aseguraron que no podían aceptar "en ninguno de sus extremos" el planteamiento del ministerio y criticaron que el proceso no se desarrollara en una auténtica mesa de negociación. A su juicio, los encuentros celebrados respondieron a las quejas empresariales tras un anuncio realizado al margen del diálogo social, al que posteriormente se sumaron los sindicatos. También lamentaron la decisión de Trabajo de dar por concluidas las consultas tripartitas.