(Expansión, 14-10-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Partido Popular ha presentado una propuesta para agilizar y flexibilizar la gestión de las ayudas europeas, establecer un calendario vinculante de proyectos y reprogramar los fondos aún sin utilizar. Con la cuenta atrás ya en marcha para aprovechar los fondos Next Generation -que deben ejecutarse antes de septiembre de 2026 y de los cuales España todavía tiene un 30% pendiente de desbloquear-, el PP ha optado por una estrategia propositiva con el fin de "evitar el efecto precipicio" que supondría perder esos recursos una vez vencido el plazo. Para ello, el principal partido de la oposición ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Expansión, que incluye una serie de medidas destinadas a acelerar la ejecución de las ayudas destinadas a la industria española. Entre ellas se encuentran la simplificación de los procedimientos administrativos, la publicación de un calendario de proyectos con carácter vinculante y la reprogramación de los fondos no ejecutados.
La iniciativa parte de la idea de que tanto el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son herramientas fundamentales para impulsar a la industria nacional en un momento clave de "doble transición tecnológica y energética". No obstante, el PP advierte que la gestión de los últimos años ha generado "cuellos de botella" que podrían hacer perder una oportunidad histórica y frenar inversiones privadas esenciales para la modernización del tejido productivo.
Según la formación, en esta "recta final de ejecución" la falta de eficacia del Gobierno "ha encendido las alarmas en el tejido productivo". El PP denuncia que existen resoluciones favorables que no se traducen en pagos a tiempo, lo que bloquea la tesorería de las empresas e impide arrancar proyectos o mantener inversiones en digitalización, descarbonización o nuevas líneas productivas, siendo el sector de la automoción un ejemplo representativo.
Asimismo, el partido critica los retrasos en las convocatorias y resoluciones que gestiona la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), lo que acorta los plazos de ejecución y eleva el riesgo de perder ayudas, especialmente en programas de descarbonización industrial, agroalimentación, semiconductores y automoción. El PP cita además datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que muestran que hasta julio solo se habían desembolsado 2.001 millones de euros, es decir, el 10,6% de los 17.774 millones presupuestados para 2025, lo que supone unos 15.400 millones menos que en 2024.
Por otro lado, los populares alertan sobre el elevado volumen de fondos no utilizados y los problemas estructurales de burocracia, que alargan los plazos de los procedimientos hasta triplicar los límites legales, llegando incluso a esperas superiores a un año para obtener autorizaciones clave. Esta situación, advierten, genera graves tensiones de liquidez y obliga a establecer con urgencia calendarios de pago vinculantes y mecanismos de anticipo para evitar que las empresas industriales queden sin recursos.
Apoyándose en un informe reciente de Funcas, el PP subraya que, a pesar de que España es uno de los países que más fondos europeos ha recibido, menos de un tercio de los créditos se han convertido en pagos efectivos, con una tasa de ejecución cada vez menor. "Esta paradoja -ser líder en Bruselas pero rezagado en la economía real- amenaza con diluir el impacto transformador de los fondos y aumentar el riesgo de no aprovechar a tiempo tanto las subvenciones como los préstamos", advierte la propuesta.
Para corregir esta situación, el PP propone varias medidas concretas: publicar en un plazo máximo de dos meses un calendario vinculante con todas las resoluciones y pagos de los PERTE vinculados a Industria y Turismo, con actualización mensual y comparecencias trimestrales ante el Congreso; habilitar ventanillas permanentes para tramitar proyectos pendientes antes de agosto de 2026; e impulsar procedimientos extraordinarios de simplificación administrativa, reduciendo plazos, simplificando convocatorias y fomentando la tramitación digital.
El plan incluye también la "reprogramación inmediata" de los créditos no adjudicados o en riesgo de no ejecución, redirigiéndolos hacia proyectos con alta demanda y potencial tractor. Además, plantea transformar los préstamos blandos -de los cuales solo se ha liberado un 20%- en instrumentos de coinversión en sectores estratégicos. Por último, insta a aprovechar al máximo la flexibilidad permitida por Bruselas para garantizar que los fondos se destinen a proyectos viables y se ejecuten en su totalidad antes del plazo límite.