(El Economista, 27-10-2025) | Laboral
Los funcionarios inician esta semana una serie de movilizaciones con el objetivo de exigir la subida salarial correspondiente a 2025 antes de que termine el año. Estas protestas tienen lugar apenas unos días después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destituyera a su hasta entonces número dos, Carla Mapelli, y nombrara en su lugar a Consuelo Sánchez Naranjo como nueva secretaria de Estado de Función Pública.
Hace dos semanas, los sindicatos mayoritarios del sector público -UGT, CCOO y CSIF, que representan a más del 80% de los empleados públicos- anunciaron que el 30 de octubre comenzarían las protestas frente a las subdelegaciones del Gobierno y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid. El motivo principal es la congelación salarial que afecta este año a los trabajadores públicos tras la finalización del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.
El Gobierno pretende vincular el nuevo incremento salarial a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que complica las negociaciones debido a la falta de apoyos parlamentarios para aprobar las cuentas de 2026. Esta postura choca con la de los sindicatos, que sostienen que el aumento puede aplicarse sin necesidad de aprobar los Presupuestos, siempre que cuente con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, encargado de autorizar la partida adicional para hacer efectiva la subida.
Además, el Ministerio tiene pendiente la renovación del Acuerdo Marco para los próximos tres años. En el marco de esta negociación, los representantes sindicales reclamarán reforzar las plantillas, eliminar la tasa de reposición y reducir la temporalidad en la Administración.
Precisamente, la temporalidad fue motivo de debate en el Congreso la semana pasada, cuando Sumar y el PSOE votaron de forma diferente ante una propuesta de Podemos para convertir en fijos a unos 900.000 empleados públicos con contratos temporales prolongados o en situación de abuso. El PSOE votó en contra, alegando que vulneraría los principios constitucionales de mérito y capacidad, mientras que Sumar apoyó la medida junto a ERC, Bildu, Junts, BNG y Compromís. Finalmente, la propuesta fue rechazada por la abstención de PP y Vox.
En paralelo, el Abogado General de la Unión Europea dictaminó recientemente que las indemnizaciones por abuso de temporalidad en España son insuficientes, aunque rechazó la idea de convertir automáticamente en fijos a los interinos. Se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita su sentencia definitiva en los próximos meses. Actualmente, la temporalidad en el empleo público español alcanza el 32,8%, frente al 8% que marca la media europea.
Las movilizaciones coinciden también con los cambios internos en Función Pública, tras la salida de Carla Mapelli, quien había llegado al cargo de la mano de José Luis Escrivá. Según fuentes de elEconomista.es, su destitución estaría relacionada con la falta de consenso en la negociación de la Oferta de Empleo Público, aprobada el pasado julio sin el apoyo sindical.
La nueva secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo, cuenta con una amplia trayectoria en la Administración, habiendo ocupado cargos como la Subsecretaría de Sanidad y Política Social, la Secretaría General para la Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Desde su nombramiento, Sánchez Naranjo asume la tarea de negociar directamente con los sindicatos temas clave como la subida salarial, el nuevo acuerdo para el personal laboral o la reactivación de la jubilación parcial, actualmente bloqueada tras los cambios introducidos por la reforma del sistema de jubilaciones.
Esta modalidad de jubilación fue eliminada en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero el anterior Acuerdo Marco contemplaba su recuperación. No obstante, la tramitación parlamentaria se encuentra estancada en el Congreso, donde la ponencia se constituyó el pasado septiembre y todavía debe superar varias fases antes de someterse a votación en el Pleno, a propuesta del Partido Popular.