(El País, 14-05-2025) | Laboral
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha criticado en varias ocasiones la legislación española por no contar con mecanismos eficaces para frenar el uso excesivo de contratos temporales en la Administración Pública. En su sentencia del 13 de junio de 2023, el alto tribunal europeo instó a España no solo a hacer fijos a los interinos que llevaban años encadenando contratos temporales, sino también a compensar económicamente a quienes, después de años en situación de temporalidad, lograron una plaza fija.
Sin embargo, el plazo para reclamar esa compensación está a punto de expirar: el próximo 13 de junio se cumple un año desde que se emitió la sentencia, y quienes no hayan iniciado el proceso legal antes de esa fecha perderán su derecho a reclamar.
Desde Unive Abogados recuerdan que "la sentencia del TJUE deja claro que también tienen derecho a una indemnización quienes han logrado plaza tras un abuso prolongado de contratos temporales, pero deben actuar antes de que finalice el plazo". Aunque aún son pocos los casos, ya hay sentencias favorables en la justicia española. Un ejemplo relevante es el del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en julio del año pasado ordenó a la Universidad de Vigo indemnizar con más de 31.500 euros a un trabajador que, tras pasar 13 años en puestos temporales, tuvo que cesar para poder acceder a una plaza fija mediante oposición.
Este caso es representativo de un colectivo que podría superar las 800.000 personas, muchas de las cuales llevan décadas trabajando de forma temporal en la administración pública. El afectado encadenó contratos desde 2004 hasta que en 2010 obtuvo un contrato de interinidad. Finalmente, en 2023 accedió como funcionario de carrera, aunque antes tuvo que renunciar formalmente a su contrato interino.
En su fallo, los magistrados gallegos destacaron que el trabajador estuvo en situación temporal mucho más allá del límite de tres años que establece la ley. Esta prolongación injustificada constituye, en su opinión, un abuso contractual claro, ya que la administración no justificó por qué no se convocó un proceso selectivo durante todo ese tiempo.
La sentencia de junio del TJUE se suma a otra emitida en febrero de 2024, en la que el tribunal europeo volvió a señalar a España por incumplir el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. El TJUE insistió en que la conversión en fijo de los trabajadores en situación irregular es una medida adecuada para evitar el fraude. A pesar de ello, el Tribunal Supremo español ha rechazado esta vía, argumentando que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, fijando así una doctrina contraria al criterio europeo.
Mientras tanto, el problema de la temporalidad sigue sin resolverse. Aunque los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año muestran una leve mejora -con una tasa del 28%, dos décimas menos que en el trimestre anterior-, el porcentaje de temporalidad en el sector público sigue duplicando al del sector privado (12,1%).
Esta situación amenaza con poner en riesgo la recepción de fondos europeos, ya que España se comprometió con la Comisión Europea a reducir el porcentaje de interinos al 8% antes del 31 de diciembre de 2024. A pesar de aprobar en 2021 una ley para rebajar la temporalidad en el empleo público, los avances han sido insuficientes, y el tiempo para cumplir con Bruselas se agota.