(El Economista, 27-10-2025) | Laboral
El tiempo de trabajo se ha convertido en uno de los temas centrales tanto para los agentes sociales como para el Ministerio de Trabajo durante los últimos dos años. Entre los asuntos prioritarios se encuentra el control de las horas extraordinarias, un aspecto que la ministra Yolanda Díaz quiere reformar mediante cambios en el registro de jornada. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el porcentaje de empleados que permanecen en su puesto más allá de su horario laboral ha caído hasta el 4,68%.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que elabora esta encuesta trimestralmente, muestran que esta proporción se ha mantenido estable en torno al 5% desde 2018, año previo a la entrada en vigor de la norma que obliga a todas las empresas y administraciones públicas a registrar la hora de entrada y salida de sus trabajadores. Dentro de esta tendencia, se repite un patrón estacional: el número de empleados que realizan horas extra suele descender durante los meses de verano (julio, agosto y septiembre).
En 2025 la situación se ha repetido. Mientras que entre abril y junio un millón de personas afirmaron haber trabajado más allá de lo estipulado en su contrato, en el tercer trimestre esa cifra bajó a 985.000, lo que representa una minoría frente a los más de 18 millones de empleados que aseguran cumplir con su jornada.
La mayoría de los trabajadores indica que estas horas adicionales sí son compensadas. En el tercer trimestre se realizaron cerca de seis millones de horas extra semanales, de las cuales 4,1 millones fueron pagadas y el 30% restante (1,8 millones) no tuvo compensación económica.
El Estatuto de los Trabajadores establece un límite de 80 horas extraordinarias anuales si no son compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes. Este tope ha sido cuestionado por sectores como la construcción, que reclaman una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, argumentando que las horas extra siempre deben realizarse de forma voluntaria.
El Ministerio de Trabajo ha rechazado modificar este límite durante las negociaciones sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, pese a las peticiones de las patronales nacionales y de la catalana Pimec, con la que el Ejecutivo buscaba acercar posturas con Junts. En su lugar, el ministerio ha puesto el foco en la reforma del registro horario como herramienta principal para controlar el exceso de horas trabajadas.
El Gobierno retomará esta parte del proyecto de ley que quedó pendiente mediante un reglamento que ya ha pasado por audiencia pública y aguarda los informes del Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos y otros organismos antes de ser aprobado en Consejo de Ministros. La intención de Díaz es que entre en vigor a comienzos del próximo año. La nueva norma prevé un registro digital, más detallado y accesible, que permita diferenciar horas ordinarias y extraordinarias, registrar interrupciones de la desconexión digital y facilitar el acceso remoto de la Inspección de Trabajo.
Las organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por los riesgos de seguridad que podría implicar un sistema abierto de este tipo y advierten de posibles conflictos legales: consideran que el Gobierno estaría endureciendo las exigencias del registro mediante un reglamento, cuando la ley solo permite hacerlo en casos concretos. La CEOE ya ha anunciado su intención de recurrir la medida, al igual que planea hacerlo con el decreto del salario mínimo (SMI).
Por su parte, los sindicatos llevan meses presionando al Ejecutivo para que apruebe cuanto antes estos cambios y participan activamente en la redacción del texto. Sin embargo, la UGT está a la espera de la resolución de la demanda presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, con la que busca obligar a España a pagar las horas extraordinarias con un recargo respecto a la hora ordinaria.
El sindicato, liderado por Pepe Álvarez, propone que las horas extra se remuneren con al menos un 25% adicional, aunque esta medida no ha sido incorporada a ninguna mesa de diálogo. A diferencia de otros países europeos, la legislación española únicamente exige que estas horas se paguen como mínimo al mismo valor que las ordinarias.