(El Economista, 25-04-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Empresarial (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, también conocida como CSDDD o CS3D), una medida de gran relevancia que establece multas y sanciones para las grandes empresas que violen los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor, abordando cuestiones como la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
Esta aprobación por parte de los eurodiputados llega después de que el Consejo Europeo diera su visto bueno el pasado 15 de marzo, tras ajustes que redujeron la aplicación inicial de la norma a menos empresas. Según Alberto Andreu, profesor de la Universidad de Navarra, esta Directiva será un desafío importante para las empresas europeas, ya que les exige extender sus estándares de sostenibilidad, especialmente en derechos humanos y medio ambiente, a toda su cadena de valor. Andreu advierte sobre el considerable costo de implementación de esta medida.
Antonio Vives, socio de la consultora de sostenibilidad Cumpetere, explica que la versión aprobada de la Directiva afectará a un tercio de las empresas originalmente contempladas, reduciéndolas de 16.400 a 5.500, representando solo el 0,05% de las compañías de la UE. Sin embargo, Vives destaca que este pequeño porcentaje no refleja el impacto que estas empresas tienen, especialmente en los derechos humanos en proveedores de países en desarrollo. Además, la normativa excluye empresas con actividades de alto riesgo que están por debajo de ciertos límites de tamaño.
Las grandes compañías afectadas por esta norma trasladarán los requisitos a sus socios y proveedores. A pesar de la reducción del alcance de la norma, Antonio Vives subraya que introduce responsabilidades para las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, convirtiendo prácticas voluntarias en obligatorias a través de su incorporación en leyes nacionales.
La aprobación de esta Directiva representa un hito significativo según Giulia Borsa, de EcoVadis, al convertir recomendaciones en obligaciones para las empresas. Aunque lamenta la dilución de la norma al afectar a un número reducido de empresas, Borsa destaca que esto tendrá un impacto indirecto en muchas más organizaciones a lo largo de las cadenas de suministro globales, debido a la cascada de requisitos desde las grandes empresas incluidas en el alcance de la Directiva hacia sus socios y proveedores.