(El Confidencial, 27-01-2026) | Laboral
A comienzos de 2025, el número de extranjeros que residían en España sin una situación administrativa regular alcanzó las 838.000 personas. La fuerte llegada de inmigrantes, unida a la lentitud de los procedimientos de regularización y a la falta de una política migratoria definida, está provocando una elevada presión demográfica y un rápido crecimiento de la población que permanece en esta situación de indefinición legal.
El aumento de la irregularidad va en paralelo al notable incremento de la inmigración en España. Entre 2023 y 2025 llegaron al país 1,07 millones de inmigrantes, de los cuales algo más de un tercio -383.000 personas- carecían de permiso legal de residencia. Como consecuencia, el colectivo de residentes en situación irregular crece a un ritmo cercano a las 128.000 personas al año.
Otro dato relevante es que el porcentaje de extranjeros no comunitarios en situación irregular se ha elevado hasta el 17,2%, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos años y que se ha triplicado desde 2017, cuando se situaba por debajo del 6%. Esta evolución se explica porque el crecimiento relativo de la inmigración irregular supera al de la inmigración regular y al de los procesos de regularización de personas ya establecidas en el país. Conviene recordar que el número de extranjeros con autorización de residencia aumenta tanto por las nuevas entradas legales como por las regularizaciones, y aun así el peso de la irregularidad sigue avanzando. En 2017, la tasa de extranjeros no comunitarios sin papeles era tres veces menor, en torno al 6%.
Las cifras reflejan con claridad la intensidad de la presión migratoria que afronta España. Desde 2017, la población extranjera no comunitaria residente ha crecido un 91%, mientras que el número de personas en situación irregular se ha disparado un 680%, pasando de 107.000 a 838.000 en 2025.
La magnitud de la inmigración tiene múltiples efectos sobre el país, que abarcan desde el ámbito económico y salarial hasta el político y social. De hecho, la llegada de población extranjera se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público. La forma en que se gestionen los flujos migratorios será clave para el futuro de España: por un lado, el envejecimiento de la población nacional hará necesario un relevo demográfico procedente del exterior para sostener la economía; por otro, la integración de estas personas y su convivencia con la población autóctona condicionarán las políticas que se adopten.
Funcas realiza sus estimaciones comparando los datos oficiales del padrón -que en España fomenta el empadronamiento incluso de personas sin permiso de residencia- con las cifras de residentes legales, es decir, quienes cuentan con autorización de residencia, estudios o asilo, o están en proceso de obtenerla. Se trata de una metodología ampliamente utilizada que, aunque no permite obtener una cifra exacta, sí ofrece una aproximación muy fiable. Además, cualquier posible desviación estaría probablemente infravalorada, ya que muchos inmigrantes irregulares podrían no estar empadronados y, por tanto, no figurar en ningún registro oficial.
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular procede de América Latina: el 89% tiene nacionalidad de algún país del continente americano. Destacan los 288.000 colombianos, 107.000 peruanos, 63.000 venezolanos y 55.000 paraguayos. Desde África llegan cerca de 45.000 personas, de las cuales alrededor de 21.000 son marroquíes y 18.000 argelinos.
Funcas subraya que la existencia de un volumen tan elevado de población sin documentación dificulta seriamente su integración, relegando a miles de personas a lo que define como "un limbo administrativo sui generis". El modelo español permite que personas en situación irregular residan durante años en el país hasta lograr regularizarse o decidir marcharse. En contextos de fuerte entrada de inmigrantes, esta bolsa crece con rapidez, ya que las llegadas superan ampliamente el ritmo de las regularizaciones. Ello genera problemas diversos, como el aumento de la pobreza, la exclusión social y la expansión de la economía sumergida.
La fundación también señala que el recurso a la regularización por arraigo funciona en la práctica como "una especie de regularización extraordinaria permanente", lo que pone de manifiesto la ausencia de una estrategia migratoria coherente en España.
"Probablemente se trata de una política migratoria asumida, al menos de forma implícita, por los principales partidos que han gobernado en las últimas décadas y quizá por amplios sectores de la sociedad", apunta Funcas. Sin embargo, advierte de que ello no la convierte en una estrategia adecuada. Los autores del estudio insisten en la necesidad de aplicar medidas que mejoren la gestión de los flujos migratorios dentro de una estrategia global orientada al crecimiento económico y al aumento de la productividad. Idealmente, y rompiendo con la tradición de la política migratoria española, estas medidas deberían dirigir la inmigración hacia sectores con escasez de mano de obra y, especialmente, hacia aquellos que requieren mayores niveles de cualificación.