(Expansión, 19-02-2026) | Laboral
El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424 euros si se prorratean en 12), volverá a generar tensiones en las estructuras salariales de las empresas y en la negociación de los convenios colectivos. Este nuevo umbral retributivo supera ampliamente el 60% del salario medio en la mayoría de las provincias españolas (46 en concreto), el porcentaje que el Gobierno de España pretende garantizar para ajustarse a las recomendaciones de la Carta Social Europea. En 23 provincias, incluso, el SMI rebasa el 70% del sueldo medio.
Estas cifras reflejan que el impacto del salario mínimo no es uniforme: afecta con más intensidad a determinados sectores, territorios y tamaños de empresa, especialmente a regiones con salarios más bajos, pequeñas compañías y actividades como la agricultura, la hostelería o el empleo doméstico, donde los sueldos mínimos se aproximan más a los ingresos medios.
Por este motivo, organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA sostienen que la política impulsada por el departamento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone en la práctica una intervención en la fijación salarial, tradicionalmente acordada entre empresarios y sindicatos en los convenios colectivos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nuevo SMI equivaldrá aproximadamente al 83% del salario medio en microempresas de hasta diez trabajadores (1.713 euros mensuales) y al 66% en compañías con plantillas de entre 11 y 20 empleados, donde la remuneración media asciende a 2.161 euros.
El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, advierte de que desde 2018 el salario mínimo ha subido más de un 66%, lo que -según afirma- ha reducido el empleo en sectores como el trabajo doméstico, el campo o entre autónomos con pocos empleados. También sostiene que la creación de puestos de trabajo en empresas muy pequeñas se ha estancado y que ha disminuido el número de autónomos con personal a cargo, especialmente en el comercio. A su juicio, nuevas subidas podrían frenar aún más la contratación e impulsar la economía informal.
De acuerdo con las estadísticas salariales más recientes del INE (2024), el SMI de 2026 superaría con creces el sueldo medio del empleo doméstico (1.138 euros), situándose en torno al 125%. En hostelería alcanzaría el 93% del salario medio (1.520 euros), en agricultura el 87% (1.638 euros) y en actividades administrativas el 85% (1.674 euros). Son precisamente estos sectores, donde el salario mínimo está más próximo a la media, los que deberán ajustar un mayor número de nóminas.
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, subraya que el impacto tampoco es igual en todas las zonas. Actividades como la agricultura o la hostelería -caracterizadas por pequeñas empresas y menor productividad- soportan una carga mayor, ya que deben asumir aumentos salariales sin que necesariamente crezcan sus ingresos. Además, recuerda que la situación varía según el territorio: en áreas con menor población, por ejemplo, la demanda puede ser insuficiente para compensar el incremento de costes laborales.
Si se analizan las bases de cotización de la Seguridad Social, las mayores presiones se concentran en 23 provincias donde el SMI superará el 70% del salario medio. En Badajoz alcanzará aproximadamente el 76% (con una base media de 1.878 euros), mientras que en Toledo llegará al 70,2% (2.028 euros). En contraste, solo seis provincias presentan bases medias suficientemente altas para que el salario mínimo quede por debajo del 60%: Barcelona, Navarra, Madrid, Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.
Ángela de Miguel también critica que fijar el SMI en torno al 60% del salario medio neto responde a una interpretación errónea, ya que no tiene en cuenta la realidad de las pequeñas empresas ni las diferencias entre territorios, y genera -según sostiene- una presión artificial en la negociación colectiva.