(Expansión, 07-03-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio para la Transición Ecológica ha retirado de manera abrupta el borrador del decreto destinado a implementar un incremento sin precedentes del 40% en la tasa Enresa. Esta tasa es abonada por las compañías propietarias de las centrales nucleares -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- al grupo estatal Enresa para financiar la gestión de residuos nucleares y el futuro desmantelamiento de dichas instalaciones.
Dicha subida habría implicado un aumento adicional de aproximadamente 1.000 millones de euros para Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, quienes rechazaron enérgicamente la medida y amenazaron con presentar una serie de demandas legales en todos los niveles. El proceso comenzó en enero pasado, cuando el Ministerio de Transición Ecológica presentó un borrador de real decreto para aumentar la tasa Enresa a las empresas eléctricas. Este borrador proponía elevar la tasa de los actuales 7,98 euros por megavatio producido a 11,14 euros por megavatio, es decir, un incremento repentino del 39,5%.
Considerando la producción total de las centrales nucleares antes de su cierre programado (392.273 gigavatios hora), las empresas eléctricas pasarían de pagar en los próximos años 3.130 millones de euros a 4.369 millones, lo que representa un aumento de 1.239 millones de euros. El Gobierno argumentó que el fondo administrado por Enresa para la gestión de residuos y el desmantelamiento futuro de las centrales nucleares se vería afectado debido a la cancelación definitiva del proyecto del almacén nuclear en Villar de Cañas (ATC), lo que incrementaría los costos de gestión de los desechos nucleares.
Para trasladar este sobrecoste a las empresas eléctricas, el Ministerio de Transición Ecológica se apoyó en el principio de "quien contamina, paga". El borrador fue sometido a consulta el 13 de enero, con un período de alegaciones programado hasta el 2 de febrero. Sin embargo, desde el principio, las empresas eléctricas a través del Foro Nuclear, su lobby sectorial, plantearon objeciones y solicitaron aclaraciones y una ampliación del período de alegaciones.
A pesar de conceder una prórroga hasta el 26 de febrero, el Gobierno no modificó el borrador, lo que provocó la reacción del Foro Nuclear. Las empresas presentaron objeciones conjuntas contra el aumento de la tasa, argumentando que este sería un incumplimiento unilateral del acuerdo alcanzado con el Gobierno en 2019 para el cierre progresivo de las centrales nucleares.
Ante la presión de las empresas eléctricas, el Gobierno ha dado marcha atrás con el borrador del aumento de la tasa y ha iniciado una nueva consulta abierta hasta el 18 de marzo para elaborar otro decreto, esta vez sin cifras específicas. Las opciones para cubrir el déficit de Enresa son limitadas, incluyendo la asignación de fondos del Presupuesto del Estado, la distribución del costo entre el sistema energético o prolongar la vida útil de las centrales nucleares, algo que el Gobierno descarta por ahora.