(Expansión, 23-07-2025) | Fiscal
El Pleno extraordinario celebrado ayer en el Congreso de los Diputados se transformó en un nuevo escenario de intercambio de acusaciones por casos de corrupción entre los principales partidos. El PSOE, formación que lidera el actual Gobierno, enfrenta investigaciones que afectan a sus dos últimos secretarios de organización, presuntamente implicados en el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras. Por su parte, el Partido Popular se ve salpicado por la imputación de su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien está siendo investigado por presuntamente favorecer a empresas que contrataban con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico.
En medio de este contexto, y bajo presión de sus propios aliados parlamentarios, el Ejecutivo actual busca desligarse de las actuaciones llevadas a cabo durante la etapa de Montoro al frente de Hacienda. En particular, el Ministerio de Hacienda está revisando reformas legales impulsadas en su mandato que podrían haber sido diseñadas para beneficiar a determinados sectores empresariales a cambio de compensaciones económicas. Uno de los casos señalados es el de empresas del sector energético, como las gasísticas, según se desprende de la causa judicial en curso, según fuentes oficiales.
Después de siete años de investigación bajo secreto de sumario, un juez de Tarragona decidió la semana pasada imputar a Montoro y a otras 27 personas, entre ellas buena parte del equipo directivo del Ministerio de Hacienda de la época y de la cúpula de Equipo Económico. Según el sumario, algunas compañías gasísticas habrían obtenido en 2014 una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico tras pagar hasta 270.000 euros al despacho fundado por el exministro. Además, se investigan posibles acuerdos similares con empresas del sector de la construcción y del juego.
Ante las presiones de su socio en el Gobierno, Sumar, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomó medidas la semana pasada y destituyó a dos altos cargos involucrados en el caso: Óscar del Amo, que ejercía como subdirector general de Tributos Locales, y Rogelio Menéndez, director financiero de Loterías y hermano del también imputado exdirector de la Agencia Tributaria, José María Menéndez.
Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa investigando si la red liderada por Montoro no solo facilitó beneficios fiscales personalizados, sino también la obtención de contratos públicos. Según un informe citado por Europa Press, los correos electrónicos analizados sugieren que Equipo Económico fue contratado por ciertas empresas con el objetivo de lograr modificaciones legislativas que les permitieran ventajas fiscales. Primero, con el impuesto eléctrico en 2014, y posteriormente con el de actividades económicas en 2018. La investigación plantea que esta dinámica podría haberse mantenido en el tiempo y haberse extendido a otras industrias, que también habrían obtenido ventajas fiscales o contratos públicos gracias a la influencia del despacho dentro de la Administración.