(El Economista, 23-05-2025) | Fiscal
El creciente temor entre los contribuyentes ante la posible implantación por parte del Gobierno central de un Impuesto de Sucesiones y Donaciones con un tipo mínimo común en todo el país ha disparado el número de donaciones durante 2024, alcanzando cifras históricas. El objetivo del Ejecutivo es garantizar que todos los ciudadanos tributen de forma equitativa, sin importar la comunidad autónoma en la que residan.
Según los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN), en lo que va de año se han registrado 199.448 donaciones, lo que representa un incremento del 15% respecto a 2023. Esta cifra rompe con la estabilidad de años anteriores, donde se mantuvieron en torno a las 175.000 operaciones anuales en 2021, 2022 y 2023.
Expertos fiscales explican que el anuncio del Gobierno de armonizar este impuesto ha provocado un aumento significativo de las donaciones, especialmente como estrategia preventiva ante una posible subida impositiva futura. Una encuesta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) señala que un 55% de los asesores fiscales perciben un aumento de estas operaciones en sus respectivas comunidades autónomas.
José María Durán, director del IEB, sostiene que el incremento de donaciones se concentra en aquellas regiones donde el impuesto es más bajo, lo que permitiría a los beneficiarios evitar un mayor coste fiscal si en el futuro se endurecen las condiciones del tributo.
A raíz de los cambios políticos tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, varios gobiernos autonómicos del Partido Popular eliminaron prácticamente la carga fiscal de este impuesto, aprobando bonificaciones de hasta el 100% para donaciones entre familiares directos. Comunidades como la Valenciana, La Rioja, Baleares, Aragón y Canarias se sumaron a esta medida.
En cuanto a los incrementos, Asturias lideró el crecimiento en 2023 con un 68% más de donaciones. Le siguieron la Comunidad Valenciana (48,7%), Aragón (35,2%), Baleares (24%) y Canarias (17,5%). También destacaron los aumentos en Madrid, Extremadura y Andalucía, que aplican bonificaciones del 99%, con subidas del 14%, 13% y 6% respectivamente. Madrid fue la región con mayor número de operaciones (41.998), representando el 21% del total, seguida por Andalucía (38.396) y la Comunidad Valenciana (35.885). Para beneficiarse de las bonificaciones, muchas comunidades requieren formalizar la donación mediante escritura pública.
El Gobierno central busca ahora implantar un tributo uniforme que impida a las comunidades autónomas -en especial las gobernadas por el PP- suprimir este impuesto. Esta estrategia ya se aplicó con el Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas (ITGF), aprobado en diciembre de 2023, que obligaba a declarar a quienes poseyeran patrimonios superiores a los 3 millones de euros. Esta medida fue una respuesta a las exenciones del Impuesto sobre el Patrimonio aplicadas en regiones como Madrid, Andalucía y Galicia.
En 2023, el Estado recaudó 623 millones de euros mediante este tributo. Sin embargo, en 2024, las mismas comunidades reactivaron el Impuesto sobre el Patrimonio para retener la recaudación a nivel autonómico y reducir así la transferencia de fondos al Estado. Esta maniobra dejó la recaudación estatal del ITGF en solo 29 millones de euros, aunque desde el Gobierno se interpretó como un éxito, al haber forzado a las comunidades a restablecer el tributo.