(Expansión, 23-02-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Parlamento Europeo celebrará mañana una reunión extraordinaria en la que el responsable de Comercio planteará aplazar la ratificación del acuerdo comercial hasta contar con mayor seguridad jurídica y política. La aparente calma arancelaria ha llegado a su fin. El clima de máxima incertidumbre en el comercio internacional ha reaparecido tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles aprobados el año pasado por Donald Trump durante el denominado "Día de la Liberación". Como reacción, el presidente estadounidense anunció el viernes un arancel global del 10%, que apenas un día después elevó hasta el 15%.
Ante este escenario, los integrantes de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento (INTA) se reunirán de urgencia para decidir cómo proceder. Inicialmente debían votar el martes si remitían al pleno de marzo en Estrasburgo la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, pero los acontecimientos han alterado la agenda.
El presidente de la comisión, Bernd Lange, adelantó que propondrá suspender los trabajos legislativos hasta disponer de un análisis jurídico completo y de garantías claras por parte de Washington. A su juicio, la situación actual refleja un auténtico desorden en la política comercial estadounidense, con cambios constantes que generan desconcierto y falta de previsibilidad para la Unión Europea y otros socios.
Por su parte, la Comisión Europea reclama explicaciones detalladas sobre las medidas que pretende adoptar Estados Unidos tras el fallo judicial. La institución considera que, en estas condiciones, resulta difícil avanzar hacia un comercio transatlántico equilibrado y beneficioso para ambas partes, tal como se planteó en la declaración conjunta firmada en agosto de 2025.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvo el sábado una conversación telefónica con sus homólogos estadounidenses, aunque el contacto no disipó las dudas sobre las consecuencias de la nueva ofensiva arancelaria. El portavoz comercial de la Comisión, Olof Gill, recordó que las empresas a ambos lados del Atlántico dependen de un entorno estable y previsible, y reiteró la defensa europea de aranceles bajos.
Sin embargo, Bruselas afronta un problema adicional: los gravámenes más perjudiciales para la economía europea -especialmente los aplicados al automóvil, los productos farmacéuticos, el acero y el aluminio- se basan en disposiciones legales estadounidenses que no han sido cuestionadas por el tribunal. Por tanto, siguen vigentes y el presidente conserva la capacidad de modificarlos a su conveniencia.
Esta situación mantiene en alerta a la Comisión, que teme nuevas presiones si la UE reconsidera el acuerdo alcanzado el verano pasado. En aquel momento, el bloque aceptó condiciones desfavorables -aranceles estadounidenses del 15% frente a la eliminación de los europeos- a cambio de ventajas para sectores clave y cierta estabilidad para sus empresas. Además, se comprometió a comprar energía y armamento a Estados Unidos por 750.000 millones de dólares y a invertir otros 600.000 millones en el país.
Existe, además, un factor geopolítico que dificulta cualquier marcha atrás: la situación en Ucrania. Aunque la ayuda directa de Washington ha disminuido desde el retorno de Trump, el respaldo estadounidense al proceso de paz y su presión sobre Rusia se consideran esenciales para contener a Vladímir Putin. La cuestión es especialmente delicada en un contexto de creciente tensión, marcado por ciberataques y acciones hostiles que la UE interpreta como parte de una guerra híbrida en territorio europeo.