(Expansión, 04-03-2026) | Fiscal
El comercio internacional se encamina hacia un escenario sin precedentes. De acuerdo con un informe reciente de QuantumBlack, la economía mundial podría recibir un impulso de hasta 5 billones de dólares antes de 2030 gracias al llamado comercio agéntico. En este modelo emergente, los consumidores dejan de interactuar directamente con las tiendas en línea: son sus agentes de inteligencia artificial quienes buscan productos, comparan opciones, negocian condiciones y formalizan las compras en su nombre.
La propuesta tecnológica resulta atractiva: una experiencia fluida en la que un asistente virtual, apoyado en sistemas avanzados como el Agent Payments Protocol (AP2), se encarga tanto de adquirir una vivienda como de gestionar la compra semanal del supermercado. Sin embargo, al simplificar la experiencia del usuario, surge un obstáculo de enorme complejidad: la normativa fiscal internacional. El principal desafío radica en la identidad tributaria. En el comercio tradicional, comprador y vendedor están claramente definidos. Pero cuando una inteligencia artificial asume el protagonismo en la transacción, la delimitación de responsabilidades se vuelve difusa.
Para que estos agentes funcionen de forma realmente autónoma, a menudo procesan los pagos dentro de su propia plataforma, sin redirigir al usuario al sitio web del comerciante. En ese momento, dejan de ser simples intermediarios tecnológicos y, desde el punto de vista legal, pueden convertirse en responsables de la recaudación de impuestos al controlar el flujo de fondos o las condiciones de venta.
En la Unión Europea, este supuesto activa la figura del "suministrador presunto". Las reglas del IVA aplicables a plataformas digitales establecen que, si un agente de IA interviene en la venta de bienes importados de menos de 150 euros o en servicios digitales, y participa en la autorización del pago o en la fijación de las condiciones, se entiende que existen dos operaciones: una venta inicial del proveedor al agente (exenta a efectos técnicos) y una segunda venta del agente al consumidor final.
Para una start up que desarrolla agentes de compra, esto implica un reto considerable. De pronto, ya no solo crean software, sino que asumen obligaciones fiscales frente a las autoridades tributarias de los 27 Estados miembros. Si el sistema adquiere un libro digital en Francia o una suscripción en Alemania, la plataforma debe calcular el IVA correcto, recaudarlo y declararlo, asumiendo la responsabilidad ante cualquier error.
En Estados Unidos, la situación es aún más compleja tras la sentencia Wayfair del Tribunal Supremo, que dio pie a la expansión de las leyes sobre "facilitadores de mercado" en la mayoría de los estados. A diferencia de la UE, donde el foco suele estar en bienes importados o servicios digitales, en EE. UU. el elemento determinante es el control del dinero. Si la aplicación de IA cobra al cliente y transfiere el importe al vendedor -aunque utilice pasarelas de pago externas-, puede considerarse que está facilitando la operación.
Las implicaciones son significativas. Si el agente supera determinados umbrales de actividad económica -por ejemplo, 100.000 dólares en ventas o 200 transacciones en estados como Illinois o Nueva York- deberá registrarse y tributar allí. Un agente que opere en todo el país tendrá que adaptarse a miles de jurisdicciones fiscales -estatales, condales y municipales-, cada una con tipos impositivos y normas propias.
El informe advierte además sobre el "riesgo sistémico" y la responsabilidad derivada de redes de agentes interconectados. Desde la óptica tributaria, esto plantea enormes dificultades de supervisión. Pensemos en un agente que negocia un paquete que incluye vuelo, hotel y alquiler de coche: ¿cómo se distribuye el IVA dentro de ese conjunto de servicios? Si el sistema aplica por error un tipo reducido donde no corresponde y replica esa operación miles de veces por segundo, la exposición fiscal puede alcanzar cifras millonarias antes de que intervenga un supervisor humano.
Las administraciones no aceptarán como justificación un fallo del algoritmo. La llamada "caja negra" de la IA -la falta de transparencia en su proceso de decisión- entra en conflicto con las exigencias de trazabilidad de los auditores. Será imprescindible explicar por qué se aplicó un tipo impositivo concreto en cada microdecisión. Así, la explicabilidad deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una salvaguarda esencial frente a inspecciones. Sin registros detallados y verificables, la supuesta eficiencia de la IA podría verse eclipsada por riesgos fiscales difíciles de dimensionar.
El comercio agéntico parece destinado a crecer, pero su sostenibilidad dependerá de integrar el cumplimiento tributario en su propia arquitectura tecnológica. Las compañías que lideren esta transformación no solo requerirán modelos avanzados de lenguaje, sino también sistemas de inteligencia fiscal capaces de adaptarse en tiempo real a las normativas de Bruselas y Washington. Sin esta capa de cumplimiento integrada, la eficiencia prometida podría desmoronarse ante contingencias legales de gran magnitud. En definitiva, la verdadera autonomía de la inteligencia artificial exige asumir responsabilidades: un agente que puede gastar también debe estar preparado para tributar. En este nuevo entorno, la confianza del consumidor irá de la mano de un cumplimiento fiscal automatizado y casi imperceptible.