(El País, 08-05-2025) | Laboral
La reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial se está convirtiendo en un desafío para el Gobierno de coalición, especialmente para Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ha hecho de esta reforma una prioridad legislativa. Aunque el Consejo de Ministros ya ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley pactado con los sindicatos y lo ha remitido al Congreso para su tramitación, persisten muchas dudas sobre su impacto económico real.
Las principales patronales y algunos expertos académicos mantienen una fuerte oposición a la medida, argumentando que supondrá un incremento significativo de los costes para las empresas. Calculan que la reducción de jornada puede implicar un aumento de costes laborales de hasta 24.000 millones de euros, lo que podría traducirse en una desaceleración del crecimiento económico y de la creación de empleo, especialmente durante los dos primeros años de su aplicación. Según un análisis de BBVA Research, este recorte restaría entre seis y siete décimas al crecimiento del PIB anual y reduciría la creación de empleo en ocho décimas al año.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) eleva aún más esta estimación, situando el coste total de la medida en unos 48.000 millones de euros. Su estudio desglosa este impacto en dos partidas: una directa, de cerca de 13.900 millones, correspondiente a las horas que dejarán de trabajarse pero seguirán pagándose a unos 12,5 millones de empleados; y otra de unos 33.800 millones por la pérdida de valor añadido bruto asociada a la reducción de la jornada.
El impacto no será homogéneo. Según diversos expertos, las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, ya que muchas grandes compañías ya aplican jornadas más cortas mediante convenios propios. Esto también pone de relieve la necesidad de que durante el trámite parlamentario se incluyan ayudas específicas para pymes y autónomos, con el objetivo de recabar apoyos de grupos clave como el PNV o Junts. No obstante, las ayudas previstas, como bonificaciones para contratar hasta 65.000 nuevos trabajadores o subvenciones directas de hasta 6.000 euros para microempresas de sectores como comercio, hostelería o limpieza, solo cubrirían una pequeña parte del coste estimado por las empresas.
Los efectos también variarán según el sector. Un informe del Ministerio de Trabajo identifica cuatro actividades especialmente impactadas: hostelería, información y comunicaciones, comercio y sector primario, donde más del 90% de los trabajadores supera actualmente las 38,5 horas semanales. En estos sectores, el recorte de jornada significará una reducción semanal de entre 97 y 112 minutos por trabajador.
En el caso concreto del sector turístico, Exceltur ha calculado que la medida supondría una pérdida de 5,7 millones de horas laborales semanales, lo que se traduce en un coste adicional de 2.348 millones de euros anuales solo para las principales empresas del sector. Además, advierten de que más del 75% de estas horas no pueden compensarse mediante una reorganización del trabajo, lo que incrementará los costes laborales un 4,9% y reducirá beneficios.