(El Confidencial, 18-05-2026) | Fiscal
Las conversaciones para recuperar la prórroga obligatoria de los alquileres siguen abiertas. Aunque el Congreso rechazó el pasado 28 de abril el real decreto que permitía a los inquilinos extender sus contratos de arrendamiento, el Gobierno continúa buscando fórmulas para reactivar esta medida.
La clave de cualquier posible acuerdo vuelve a estar en manos de Junts, partido que ya mantuvo contactos con Sumar -principal impulsor de la iniciativa dentro del Ejecutivo- hasta el último momento antes de la votación. Sin embargo, cualquier entendimiento requiere un delicado equilibrio entre tres actores: Junts, Sumar y el PSOE, que controla el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez. Durante los últimos días, las distintas formaciones han intensificado sus mensajes públicos con el objetivo de ganar terreno en el debate sobre vivienda y reforzar sus posiciones ante la opinión pública.
Aunque todavía persisten diferencias importantes, las tres partes parecen dispuestas a seguir negociando para encontrar un punto de encuentro. Cada una defiende prioridades distintas: Sumar busca recuperar la prórroga obligatoria de los contratos, una medida que permitiría a unos 2,7 millones de inquilinos mantener el mismo precio del alquiler durante tres años adicionales; Junts apuesta por introducir incentivos fiscales vinculados a las hipotecas; y el PSOE plantea premiar fiscalmente a los propietarios que congelen las rentas y penalizar en el IRPF a quienes las incrementen.
Tras semanas de desencuentros, las posiciones parecen empezar a acercarse. El miércoles, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la ministra Isabel Rodríguez aseguró que las propuestas fiscales defendidas por Junts pueden abrir la puerta a un acuerdo parlamentario para abaratar el acceso a la vivienda.
Al día siguiente, Junts respondió mostrando disposición a negociar un nuevo decreto siempre que incluya deducciones fiscales ligadas a las hipotecas. Por su parte, Sumar también ha rebajado el tono respecto a este tipo de incentivos y, frente a su rechazo inicial a las ventajas fiscales para propietarios, ahora acepta estudiar un paquete tributario más amplio si eso permite recuperar la prórroga de alquileres.
Según fuentes consultadas por El Confidencial, el Ministerio de Vivienda ya ha trasladado a Junts su disposición a explorar fórmulas de bonificación hipotecaria, aunque todavía quedan muchos detalles por concretar. A cambio, el partido catalán, de perfil tradicionalmente conservador, no tendría grandes dificultades para respaldar incentivos fiscales destinados a propietarios que renuncien a subir el alquiler.
La formación liderada en el Congreso por Míriam Nogueras registró el pasado 15 de abril una proposición no de ley con medidas urgentes en materia de vivienda y beneficios fiscales ligados a la compra inmobiliaria. Ese documento es ahora la base sobre la que giran las negociaciones.
Entre las medidas planteadas figura la creación de una deducción fiscal para quienes adquieran vivienda habitual, así como para los gastos derivados de hipotecas, incluyendo amortización, intereses y otros costes financieros. La propuesta también contempla viviendas destinadas posteriormente al alquiler residencial. Junts plantea una deducción del 15% sobre las cantidades abonadas durante el ejercicio fiscal, con un límite anual de 11.630 euros por contribuyente. El beneficio incluiría tanto el capital amortizado como los intereses, seguros vinculados al préstamo y otros gastos asociados a la financiación.
El PSOE ya incorporó en su programa electoral de 2023 una medida similar, aunque más limitada. Los socialistas proponían una cuenta ahorro destinada a la compra de la primera vivienda, pactada con la banca, cuyas aportaciones y rendimientos quedarían exentos de tributación en el IRPF hasta ciertos límites. La idea estaba enfocada a jóvenes menores de 39 años y exclusivamente para primera vivienda, con el objetivo de evitar que este tipo de incentivos terminen alimentando una nueva subida de precios.
Ahí aparece una de las principales diferencias entre ambas formaciones. Mientras el PSOE quiere restringir los beneficios fiscales para evitar efectos inflacionistas en el mercado inmobiliario, Junts defiende ampliar las deducciones a particulares con varias hipotecas o a quienes compren viviendas destinadas al alquiler.
Las negociaciones deberán centrarse ahora en definir el alcance concreto de las medidas fiscales para evitar que acaben generando el efecto contrario al deseado y presionen todavía más los precios de la vivienda. Además, será necesario convencer al Ministerio de Hacienda sobre el impacto que estas rebajas tendrán en la recaudación pública.
En cualquier caso, desde algunos sectores se defiende que los incentivos fiscales a propietarios pueden compensar parcialmente el aumento de ingresos que el Estado ha obtenido en los últimos años gracias al efecto de la inflación sobre la recaudación del IRPF, sin haber ajustado los tramos del impuesto al encarecimiento general de los precios.