(La Razón, 27-05-2026) | Laboral
El Gobierno ha bloqueado en el Congreso la tramitación de una modificación legal impulsada por el PP y Junts que pretendía ampliar los derechos de determinados mutualistas para que pudieran trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sus derechos económicos incluso cuando ya hubieran alcanzado el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social. La medida habría beneficiado a unas 47.000 personas.
La propuesta formaba parte de una enmienda incluida en la tramitación de una proposición de ley destinada a crear una pasarela para que los mutualistas colegiados puedan transferir sus derechos acumulados al RETA. El objetivo general de esta norma es facilitar que estos profesionales se integren en el régimen de autónomos a partir de 2028, con el fin de corregir las desventajas que, según sus impulsores, ha generado su permanencia en sistemas de mutualidad.
Sin embargo, la enmienda no llegará a debatirse después de que el Ejecutivo haya hecho uso de la prerrogativa recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite vetar iniciativas legislativas con impacto en las cuentas públicas. En este caso, según el informe remitido por el Gobierno, la medida suponía un coste estimado de 5.204 millones de euros.
La iniciativa de PP y Junts planteaba eliminar el requisito que impide acceder a esta pasarela a quienes ya disponen del periodo mínimo de cotización para la jubilación en el sistema público. Junto a esta propuesta, el Ejecutivo también ha rechazado otra enmienda presentada por Vox, que pretendía extender el acceso a la pasarela al RETA a cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento, incluidos jubilados y beneficiarios de prestaciones.
Asimismo, han quedado bloqueadas otras modificaciones acordadas entre PP y Junts dentro de la misma ley, como la fijación de un plazo máximo de tres meses para aprobar el desarrollo reglamentario necesario para la transferencia de derechos desde las mutualidades al RETA. El Gobierno argumenta que ese plazo resulta demasiado restrictivo por la complejidad técnica del proceso y los recursos disponibles.
También ha sido vetada la propuesta que buscaba prolongar el sistema de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA. En este caso, el Ejecutivo sostiene que dicha medida entra en contradicción con el objetivo central de la norma, que es precisamente poner fin a la alternatividad entre ambos sistemas debido a las disfunciones detectadas en los últimos años.
Además, el Gobierno calcula que mantener el sistema actual supondría una pérdida media de ingresos de unos 105.000 euros por cada profesional colegiado a lo largo de una carrera contributiva de treinta años, en caso de no integrarse en el RETA.